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Polémico plan en Centroamérica

El canal de Nicaragua, ¿espejismo?

Salvador Martí Puig

Ortega impone al país un macroproyecto privado chino difícil de ejecutar y que generará conflictos

Hace unos días, Nicaragua ha reaparecido en los medios. Esta vez es por la aprobación en la Asamblea Nacional de la concesión de una franja del país (por 50 años prorrogables) y una ley especial para el desarrollo de infraestructuras y transportes en la que se hace referencia a la construcción de un canal interoceánico y al desarrollo de zonas de libre comercio. Este paquete legislativo concede el macroproyecto a una empresa registrada en Hong Kong (con sede fiscal en las islas Caimán) llamada Nicaragua Canal Development Investment (HKC), propiedad de un ciudadano chino llamado Wang Jing.

Estas medidas legales han causado un gran revuelo dentro y fuera del país. Dentro, debido a que la decisión legislativa supone dar luz verde a un plan de gran impacto económico, social y ecológico. Y fuera, porque si se lleva a cabo supondrá un cambio del mapa geopolítico del comercio internacional.

Muchos analistas denuncian la penetración del «poder chino» en América Latina. Sin embargo, la decisión de la Asamblea Nacional es una muestra de la capacidad que tiene el presidente Daniel Ortega de imponer su agenda, y no la señal definitiva de la creación de un proyecto viable de inversiones chinas a largo plazo en la región. Las razones de esta afirmación son tres.

La primera es que la construcción del canal no cuenta con el aval ni la participación del Gobierno de China, y por eso el macroproyecto parece más la aventura de un magnate que una inversión estratégica binacional. Durante la reciente gira que hizo por América Latina Xi Jinping, presidente de China, nunca citó el plan.

La segunda razón es que el impacto ecológico sería colosal. El hipotético canal debería ensanchar y dragar el río San Juan (que conecta el océano Atlántico con el lago Nicaragua) y paralelamente debería aumentarse la profundidad del lago. A la vez, estas medidas tendrían un impacto irreversible en la fauna, la flora, los cultivos de las márgenes y la calidad del agua dulce de la zona lacustre, además de abrir posibles litigios con el país vecino, Costa Rica.

Y la tercera es que la concesión viola 24 artículos de la Constitución nicaragüense y genera infinidad de batallas legales sobre la titularidad de la tierra, así como múltiples conflictos con disposiciones internacionales, como las de la protección de agua, el medioambiente o los derechos de pueblos indígenas.

¿Por qué se ha aprobado con tanta celeridad este proyecto? Hay diversas hipótesis, pero cabe señalar dos: una de naturaleza pragmática y otra de naturaleza histórica. La pragmática se relaciona con la voluntad de supervivencia -política y económica- del Gobierno de Ortega en un momento en el que los recursos que manaban generosamente de Venezuela empiezan a estancarse. Ciertamente, el proyecto del canal puede suponer una gran inyección de dólares (sin llegar a la cifra del 15% del PIB de la que habla el Gobierno) a corto plazo, a pesar de que hipoteca la soberanía del país como mínimo por medio siglo. Esta llegada ingente de recursos, más allá de la viabilidad del proyecto y de los conflictos que hereden los sucesivos gobiernos, puede suponer la supervivencia de un Gobierno (el de Ortega) que maneja el presupuesto con una lógica clientelar y patrimonial. La segunda hipótesis, de naturaleza histórica, apunta que las élites de Nicaragua han sacado a la luz el sueño canalero cuando las cosas se complican o cuando se les ha agotado un proyecto de país.

DURANTE EL SIGLO XIX, mientras el resto de países centroamericanos conseguían modernizar sus instituciones e integrar sus pequeñas repúblicas en el mercado internacional, los gobernantes nicaragüenses ya soñaban con un «proyecto canalero». A raíz de ello -como expone la historiadora Francis Kinloch-, en Nicaragua (entre 1838 y 1909) la consolidación de un imaginario nacional se asoció a una particularidad de su geografía: la existencia de una ruta para unir los océanos.

De forma paradójica, dicho proyecto siempre ha requerido la mediación de una potencia foránea, dada la imposibilidad de financiar el coste de la obra con recursos internos. Al mismo tiempo, la búsqueda de un aliado poderoso dispuesto a asumir ese coste ha supuesto también un grave peligro para la soberanía. Ayer este dilema se cerró en falso con la firma de múltiples tratados, como el Zabala-Frelinghuysen de 1884 o el Bryan-Chamorro de 1914, y con la apertura del canal de Panamá. Hoy puede ocurrir lo mismo con una precipitada cesión de soberanía a una empresa privada de un ciudadano chino y con el sueño de un macroproyecto que tienen larvados infinitos conflictos de tipo legal, social, económico e internacional.

Profesor de la Universidad de Salamanca

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