La reforma del Estado

Administración y empleados públicos

Solo quienes ejercen la autoridad deberían ser funcionarios, y el resto laborales elegidos por méritos

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La Administración pública está bajo escrutinio público, lo que es muy positivo de cara a su regeneración. Uno de los ejes del debate es acusar de clientelismo en la contratación de los empleados públicos, en especial en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales. Esto es un hecho: una parte importante de los laborales, que son mayoría en los ayuntamientos y muchos en las autonomías, y buena parte de los interinos, muy numerosos también en las administraciones subestatales, han sido contratados de forma «heterodoxa». En la mayoría de los casos no han sido seleccionados bajo los principios públicos irrenunciables de igualdad, capacidad y mérito.

El resultado de todo ello es desolador: empleados públicos mediocres y muy influenciables por la presión política ya que deben su puesto a un político o a un partido. Este clientelismo ha tenido, sin duda, un carácter político pero especialmente un carácter social ya que han tenido más facilidad para entrar en las administraciones públicas aquellos ciudadanos con más contacto con miembros de las instituciones públicas y políticas que los ciudadanos alejados de estas agendas.

Esta indudable patología y pobreza institucional de nuestras administraciones subestatales ha tenido como efecto que la Administración del Estado y sus grandes cuerpos saquen pecho y muestren su evidente logro en que han operado de forma meritocrática y que atesoran mayores capacidades profesionales. Es otro hecho empírico indiscutible. Ahora bien, nadie argumenta que esta lógica corporativa elitista del Estado español tiene sus propias debilidades. Se trata de un modelo edificado sobre cuerpos de élite (diplomáticos, abogados del Estado) al que se accede por elevadas dosis de capacidad y mérito pero que en la práctica hace imposible el principio de equidad. Solo una pequeña porción de la sociedad está en condiciones de dedicar varios años a preparase una difícil oposición y a pagar preparadores personales y academias. La endogamia es inevitable.

Pero hay otra externalidad negativa mucho peor: la debilidad técnica de políticos y partidos políticos ha generado que una buena parte del espacio político sea ocupado por los grandes cuerpos de funcionarios. Es un hecho que en Madrid las decisiones políticas dependen más de los funcionarios de élite que del ámbito estrictamente político (en esta legislatura deciden los abogados del Estado; en las dos anteriores de Zapaterolos técnicos de administración civil). No sé si los ciudadanos saben lo poco que importa lo que votan, ya que el poder depende de las luchas y capacidad de influencia de los grandes cuerpos de funcionarios. El Estado español es corporativo y en la práctica poco democrático.

Hago aquí estas reflexiones porque detecto que bajo la crítica al modelo clientelar de las administraciones autonómicas y locales (al que me sumo totalmente) aparece un modelo contrarreformista en que los grandes cuerpos quieren lograr más espacio de poder en el propio Estado y universalizar su modelo a todas las administraciones públicas del país. Hablando claro: a un modelo de politización de la función pública se contrapone un modelo de funcionarización de la política. Es obvio que ni un camino ni el otro son positivos para lograr unas administraciones públicas sólidas, transparentes y democráticas.

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¿Pero acaso hay una tercera vía? Claro que existe y curiosamente es la más sencilla y menos barroca desde un punto de vista institucional. En primer lugar habría que desacralizar la condición de funcionario. No tiene ningún sentido que la mayoría de empleados públicos sean funcionarios con derechos y deberes especiales. Funcionarios solo deberían ser los que ejercen funciones de autoridad (jueces, policías, inspectores de hacienda) y aquellos que tengan un contacto directo con las instancias políticas. El resto pueden ser sencillamente laborales.

En segundo lugar, habría que impulsar para la selección de todos los empleados públicos (funcionarios y laborales) sistemas rigurosos en los que imperen sin excepción los principios de igualdad, capacidad y mérito. La calidad institucional y de los servicios públicos depende totalmente de ello. Pero estos procesos meritocráticos de selección no tienen porqué ser tan complicados y difíciles como lo son ahora, lo que genera que solo unos pocos ciudadanos tengan acceso a los mismos. Esto implica que la mayoría de ciudadanos muy bien preparados y capacitados se queden fuera de este juego rompiendo en la práctica el principio de equidad y de competitividad en el acceso. Estas dos propuestas tan sencillas permitirían alcanzar unas administraciones de calidad en el país: más potentes, más neutrales y más democráticas.