Buscar, recortar, trabajar, vivir...

Con la reforma laboral del Gobierno se está pasando por encima de derechos consolidados en cuanto a la protección social, pero también en el derecho al trabajo, en los salarios y los derechos laborales

CARME PORTA

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Posiblemente estas son algunas de las palabras que llegan a ser obsesivas entre la población, pero especialmente entre los 900.000 catalanes y catalanas que están en el paro. La situación económica es preocupante, los recortes de "austeridad" --'austericidio'-- empeoran la vida de las personas y familias en situación de riesgo de pobreza y, también, de la llamada clase media --la clase trabajadora con un nivel de salario alto-- que sufre un empobrecimiento progresivo. La pérdida de puestos de trabajo es cada vez más insostenible dado que no se crean puestos de trabajo al mismo ritmo y las condiciones son mucho más precarias.

Analizar la búsqueda y acceso a un puesto de trabajo es otro baño de realidad. La mayoría de prospecciones e intermediaciones laborales demuestran que no hay ofertas y las pocas que hay son en unas condiciones pésimas. Las ofertas de la ciudadanía no se cubren y las demandas del mercado tampoco. Hay una brecha evidente entre oferta y demanda.

En cuanto a las condiciones, con la reforma laboral del Gobierno central se está pasando por encima de derechos consolidados en cuanto a la protección social, pero también en el derecho al trabajo, en los salarios y los derechos laborales. Esta reforma, tal como mostramos en los informes de la Fundación, a pesar de afectar a todo el mundo afectan muy especialmente las mujeres con una expulsión del mercado de trabajo y unas condiciones laborales indignas.

Podemos analizar algunas situaciones. Los salarios han bajado progresivamente y de forma rápida, puestos de trabajo de alta cualificación tienen salarios de mileurista, mientras los de baja cualificación se quedan en el salario mínimo interprofesional --de tan solo 645 euros en España mientras en otros estados de Europa como por ejemplo Francia es de 1.435 euros--.

Después de años sin cumplimiento de la LISMI (ley de integración social del minusválido), encontramos que muchísimas demandas de trabajo exigen un certificado de discapacitado¿ ¿un cambio de sensibilidad del empresariado o una forma subliminal de precarización de los puestos de trabajo? --teniendo en cuenta que, en muchos casos las personas con discapacitación sufren esta precarización--. El derecho a la conciliación con la vida familiar y personal se ve vulnerado, hemos pasado de trabajar para vivir a vivir para trabajar, sean cuales sean las cargas familiares y sin ningún reconocimiento al derecho al tiempo propio, el tiempo ahora es un lujo.

Estas son solo algunas situaciones. Es evidente que si siguen los recortes la calidad de vida llegará a niveles ínfimos. Sino hay un cambio en el ciclo económico será imposible enderezar la economía. La economía tiene que crecer pero si lo hacemos desde el ámbito financiero, únicamente, es del todo imposible. El dinero se tienen que mover para crear calidad de vida y riqueza sino el crecimiento no es posible o en todo caso insostenible y desequilibrado dado que aumenta la riqueza de quienes ya tienen mucho y aumenta la pobreza de los que menos tienen. Y dinero hay. Según la Plataforma para una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria, el volumen de la economía sumergida es del 23,3% del PIB y el fraude fiscal es de un 71,8%, realizado básicamente por grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas.

Carme Porta, en representación de la Fundació Maria Aurèlia Capmany (FMAC)