Editoriales
La consulta comienza con mal pie
L a propuesta de declaración del Parlament sobre el derecho a decidir que han presentado CiU y ERC no constituye el mejor comienzo para construir la mayoría social y política que Artur Mas reclamó en la campaña electoral. Y es que el clamor social de la Diada se ha enredado ya, quizá de forma irremisible, en la madeja de intereses políticos que caracteriza la pugna partidista.
ElOnze de Setembresirvió primero como coartada para un adelanto electoral cuyo desenlace en las urnas no respondió a las expectativas de la propia CiU. Después, como precario cimiento de un pacto de gobernabilidad entre CiU y ERC, legítimo y democráticamente impecable, pero que siembra dudas sobre la estabilidad de un Govern que, con el horizonte de la incierta celebración de una consulta soberanista en el 2014, parece abocado, de nuevo, a un final abrupto. Y ahora se plasma en un borrador que, al menos en su primer redactado, más que alentar grandes acuerdos, los torpedea.
El proceso centrado en el derecho a decidir que Mas abanderó en campaña cosechó, pese al batacazo de CiU, un amplio respaldo electoral, pues figuraba, con matices, en los programas de cinco fuerzas políticas que concentraron el 72% del voto y ocupan el 80% del Parlament: 107 de sus 135 escaños. Ahí había, por tanto, una senda a recorrer en los próximos meses mediante la potente herramienta del consenso.
Pero, en su propuesta de declaración parlamentaria, CiU y ERC ya prejuzgan el objetivo de esa eventual consulta: «Hacer efectiva la voluntad de constituir un nuevo Estado». Lo que equivale a expulsar total o parcialmente del acuerdo a partidos que, como el PSC o ICV, apoyan el derecho a decidir, pero no la independencia. El principio del catalanismo que Mas ratificó en campaña,Catalunya, un sol poble, se resquebrajará si, por debilidad de unos e impaciencia de otros, la vanguardia independentista prescinde del soberanismo más pragmático.
En aras del consenso, mejor hubiera sido que, de partida, la moción se basase en el mínimo común denominador del 80% de la Cámara: el derecho a decidir de los catalanes y la búsqueda dialogada del marco legal para ejercerlo mediante una consulta. Hasta el 23 de enero, cuando el Parlament tiene previsto votar la declaración, CiU y Esquerra están a tiempo de enmendar su error.
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