Y los políticos, ¿qué?

Hace unos meses publiqué en esta misma sección el artículoNo toda la culpa es de los políticos. Ha sido uno sobre el que he recibido más comentarios, muchos de ellos insistiendo en el comportamiento y responsabilidades de los políticos españoles. Desarrollo ahora un poco más este aspecto.

El sociólogoSamuel P. Huntington,promotor del controvertido concepto delchoque de civilizaciones, decía que en EEUU los latinos nunca llegarán a acceder y a consolidarse en el poder porque, entre otras razones, son incapaces de establecer relaciones de confianza más allá de la familia. Ciertamente, los países de América Latina y del sur de Europa, quizá por la historia de abusos de poder y la debilidad de los gobiernos en asegurar unos determinados niveles de justicia social, son los que tienen los índices de confianza interpersonal más bajos y donde -también por la influencia del catolicismo- el concepto de familia siempre ha tenido una relevancia social que va más allá de las relaciones de parentesco.

Ejemplos no faltan. Así como en EEUU se intenta evitar la influencia de los miembros de una misma familia en las organizaciones, en el Sur las empresas y los negocios familiares tienen una larga y profunda implantación. El concepto de clan, en ausencia del Estado de derecho, se puede llegar a expresar como contrapoder delictivo y de protección de sus miembros, como por ejemplo las mafias italianas (a las que a menudo uno se refiere como «la familia») o las maras de América Central.

En España, con una experiencia democrática exigua y en muchas cosas a mitad de camino de Europa y América Latina, el advenimiento de la democracia proyectó sobre los emergentes partidos políticos unas expectativas sociales mucho más elevadas que en otros países de nuestro entorno. Este escenario a menudo derivó en una progresiva influencia de los partidos más allá de su propio ámbito de actuación y en afiliaciones de gente con el interés de beneficiarse, económica o profesionalmente, de blindajes o estructuras y gastos hipertrofiados, ahora difíciles de justificar, en la tolerancia de las pequeñas irregularidades y solo a veces-no debe generalizarse- en comportamientos corruptos. Un responsable del PP ilustraba esta tendencia perfectamente diciendo que su partido ha sido la agencia de colocación laboral más efectiva de España. Obviamente, la política y los ciudadanos que la ejercen son imprescindibles en democracia, pero hay que evitar la consolidación de clases políticas clientelares y privilegiadas.

No hace mucho, exponiendo una propuesta técnica en una reunión, me preguntaron: «¿A ti quién te protege?» La pregunta -hecha medio en broma, pues era una persona con quien tengo una relación de confianza desde hace años- no deja de ilustrar el valor que aún se da a la pertenencia a un grupo de poder determinado. Cierta y desgraciadamente, los intereses estratégicos han aumentado su influencia en los procesos de toma de decisiones de algunas administraciones públicas. En particular cuando el acceso al poder se consigue en base a relaciones de confianza, ya sean personales, familiares o de partido, y no de valía profesional, se crea un nefasto ciclo vicioso en el que la ignorancia del responsable lo hace aún más desconfiado y tendente a rodearse de colaboradores más sumisos que capaces. Se explica así, por ejemplo, la alta presencia de cargos de confianza en las administraciones españolas.

Si a eso añadimos un contexto con escasa masa crítica, los políticos tienden a priorizar el impacto inmediato y mediático, resultando de ello administraciones técnicamente débiles, más vulnerables a intereses de terceros, más caras, menos efectivas y menos competitivas y presentes en Europa, lo que en estos momentos debería preocuparnos especialmente.

Estas conductas están relacionadas con algunos de los valores que describía en dicho artículo, pero no son ni mucho menos exclusivas de los políticos. En periodos de crisis es más importante que nunca reconocer el sentido de la política, los políticos y el sector público en general. Los valores no se pueden imponer y solo se convierten en norma cuando son socialmente efectivos; es decir, cuando hay unas leyes y un estado de opinión que los discrimina, penalizándolos o premiándolos. Habrá que incrementar la transparencia de la gestión pública, lograr una mayor profesionalización de los altos cargos y mejorar la eficiencia de los trabajadores de las administraciones, pero sobre todo que las nuevas generaciones exijan que la gestión de lares publica sea ética y eficiente. No en vano los políticos provienen -y actúan- de sociedades determinadas y, por tanto, como bien decía mi abuela, en democracia «cada pueblo tiene el Gobierno que se merece». Médico y escritor.