El valor económico de la tele pública

Hace unos días, la directora de TV-3,Mònica Terribas, alertaba sobre el futuro de la televisión pública. Varios factores explican la inquietud de los defensores de la oferta pública de comunicación: desde la actitud beligerante del PP respecto de RTVE hasta la posición de las televisiones privadas sobre el modelo de negocio de los operadores, pasando por el pacto CiU-PP para reformar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Cierto es que los efectos de tal confluencia de intereses puede ser devastadora para la información, pero también para la estructura económica y sociocultural del país. Me refiero a la función de motor de la industria audiovisual a la que aludíaTerribas.

En efecto, en una sociedad en tránsito hacia lo queDaniel Bellbautizó como posindustrial, el sector audiovisual simboliza el cambio de modelo productivo. Su progreso, paralelo al de la televisión autonómica, muestra la evolución de una sociedad que produce más servicios que mercancías, con preeminencia de ocupación profesional y técnica, y cuyo desarrollo se basa en la innovación y el conocimiento. La modernización económica exigía un impulso de esta industria emergente, y este ha sido, a mi juicio, uno de los éxitos indirectos de TV-3.

Ahora más que nunca, la televisión autonómica debe alejarse del modelo anoréxico de la PBS norteamericana y reafirmar su función de servicio público como apuesta económica, más aún tras el fracaso de la implantación de la TDT. Urge, además, la revisión del caótico mapa comunicativo estatal y la definición clara del concepto de servicio público.Manuel Castells ha escrito que «la identidad no se construye con propaganda, mitología o ideología, sino a partir de procesos materiales de convivencia». Precisamente, los que impulsa la televisión pública como plaza mayor y teleespejo de la ciudadanía.