Opinión | Editorial

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Reforma consumada

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.

La reforma de la Constitución que, para sorpresa general, planteó José Luis Rodríguez Zapatero el 23 de agosto ya es un hecho apenas 11 días después. A la espera de lo que decida el Senado -donde la sorpresa no es previsible-, la votación de ayer en el Congreso (316 votos favorables sobre un total de 350 diputados) oficializa la consagración en la Carta Magna de la limitación del déficit público, único objetivo de esta insólita carrera contrarreloj alentada por los mercados en lo financiero y por Alemania como punta de lanza en lo político.

La rapidez de la reforma ha sido directamente proporcional a la paradoja y la crispación que ha introducido en la política española. Hay muy pocos precedentes de un cierre de filas tan estrecho del PSOE y el PP -lo que constituye un barómetro de la gravísima presión sobre las finanzas del Reino de España-, y ninguno de un grado de irritación tan intenso del resto de grupos, que se negaron en bloque a participar en la votación por sentirse meros convidados de piedra. La esperanza de los dos grandes partidos de una abstención de CiU se frustró y se acentúa la sensación de que el apoyo a la reforma es tan abultado aritméticamente como exiguo en consistencia política. Descartada de entrada por utópica la posibilidad de un consenso, la abstención de algunas minorías hubiera permitido vender mejor la reforma a una sociedad española aún atónita por lo vivido este verano. Pero a socialistas y populares les faltó tanto pericia como margen de maniobra. Y quienes, como CiU y el PNV, comulgan con la sacralización del límite de déficit, pero tienen la vista puesta en el 20-N -para lograr un papel clave en la gobernabilidad de España- , no pudieron o no supieron escapar a su lógica de que primero está el autogobierno de Catalunya y Euskadi.

Casi nadie discute la necesidad de que los estados equilibren los ingresos y los gastos. Constitucionalizar ese objetivo no garantiza automáticamente su efectivo y exacto cumplimiento, pero debe tener como efecto una mayor credibilidad internacional de la capacidad financiera de España. La reforma, en este sentido, ha sido una condición necesaria. ¿También suficiente? De momento, la política española ha sido sacudida por un terremoto cuyos efectos profundos están por comprobar.