Opinión | Editorial
Preservar la calidad de la enseñanza
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Los recortes del presupuesto para educación en Catalunya se van conociendo con cuentagotas, como muchas de las medidas del Govern, carente de un plan global de comunicación sobre la severa política de ajuste debido a la crisis. Se han sucedido, en estos primeros 100 días de CiU al frente de la Generalitat, el anuncio sobre la reducción del programa para dotar de un ordenador portátil a cada alumno, el frenazo de los proyectos y las obras de nuevos edificios, la disminución del gasto ordinario de funcionamiento de las escuelas y la supresión del nuevo organismo encargado de evaluar el sistema educativo. Y ahora planea en un horizonte cercano un nuevo recorte, referido al capítulo número uno, el de personal. La Conselleria d'Ensenyament sopesa distintas fórmulas para contener el número de profesores interinos (unos 9.000, un 13% del total de la plantilla) y compensar esta merma con un aumento de la jornada lectiva de los docentes -lo que implicaría anular acuerdos suscritos con los sindicatos- incluso mediante horas extraordinarias. Igualmente, se baraja la posibilidad de suprimir la sexta hora de clase diaria en las zonas escolares donde eso sea posible sin grandes contratiempos.
Si a estas iniciativas se añade el hecho de que la oferta de plazas prevista por la propiaconselleriapara el curso que viene aumentará en 15.000 debido al incremento de alumnos que se incorporarán al sistema, muy difícilmente cuadrarán las necesidades con los recursos. Los sindicatos de enseñantes, a los que el departamento de Irene Rigau ha convocado para la semana que viene, ya han anunciado su oposición radical al plan, aunque es intención de laconselleria negociar cualquier decisión.
El panorama que asoma no es solo un problema laboral de los profesores eventuales, sino un deterioro de la estabilidad de los proyectos de los centros docentes, algo básico para que la escuela pueda cumplir sus objetivos. Si se concretara lo que tantea Ensenyament, estaríamos ante una disminución de la calidad de la enseñanza pública, un bien que, junto a la sanidad, hay que preservar porque es la base ineludible para una sociedad más formada y con mejor capacidad para afrontar el futuro, lo que en tiempos de crisis es doblemente necesario.
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