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El epílogo

El 'complot' contra el PP

Enric Hernàndez

Las teorías conspiratorias ya no son monopolio de paranoicos y maledicentes; desde hace unos años se han convertido en moneda común en el discurso político. ¿Qué se escondía tras la matanza del 11-M? Una conjura de islamistas, servicios de inteligencia extranjeros, ETA y algún dirigente del PSOE para desbancar al PP del poder. ¿Y tras el caso Gürtel? Un complot orquestado por el Gobierno con el juez Baltasar Garzón para fabricar una falsa trama de corrupción que dañase a los populares. Prueba de ello es que, mucho antes de que dimitiese alguno de los imputados del PP, el escándalo ya se había cobrado una cabeza política: la del entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cuyo abominable crimen era haber ido de caza junto al magistrado a una provincia donde el muy ladino carecía de licencia para cazar.

Todas estas lindezas se bisbisearon, afirmaron o propalaron desde el PP y/o su entorno, sin que la presentación de pruebas fehacientes acompañase a la gravedad de las denuncias. Más tarde, los populares agitaron el fantasma de un Estado policial al acusar al Gobierno socialista de espiar sus llamadas, sin permiso judicial, con un sofisticado sistema electrónico adquirido para combatir el terrorismo. Aunque la denuncia jamás se formalizó en un juzgado, a los abogados de la red Gürtel les valió para pedir la nulidad de la causa abierta en torno a la supuesta trama de corrupción del PP.

Con el gentil concurso de sus pregoneros mediáticos, los populares han desarrollado una envidiable habilidad para fabricar cortinas de humo. Con ellas encubren sus (presuntos) pecados y aparecen ante su electorado como víctimas perseguidas por sus adversarios políticos, al fin conminados a dar explicaciones.

Fabra, Camps, Ripoll...

Así obran Carlos Fabra en Castellón y Francisco Camps en la Generalitat, y el alicantino José Joaquín Ripoll no iba a ser menos. En cuanto ha estallado el caso Brugal, el PP se ha inventado otro complot para rehuir cualquier responsabilidad, aunque sea a costa de desacreditar a las instituciones democráticas. Y lo peor de todo: seguro que le surte efecto.

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