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La reacción de la Generalitat ante una sentencia judicial

Cumpliendo de aquella manera

ALBERT Branchadell*

Preguntar por las lenguas que entiende el alumno no es lo mismo que preguntar por su lengua habitual

El pasado 22 de enero sostuve en este diario que la Generalitat no cumple el mandato impuesto en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ahora ratificado por el Tribunal Supremo, de adoptar "las medidas necesarias" para que en el impreso de preinscripción escolar "se pregunte por su lengua habitual a los padres o tutores de los niños a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en aquella la primera enseñanza". En su artículo del día 27, Joan Badia, director general de Innovació de la Conselleria d'Educació, mantiene que la Generalitat sí que cumple. ¿Quién tiene razón?

Badia argumenta que "desde la preinscripción para el curso 2006-2007, la normativa y la hoja de preinscripción incluyen la casilla para que los padres de los alumnos puedan decir cuáles son las lenguas que entienden sus hijos", una casilla que remite a una nota donde se cita el artículo de la ley de política lin- güística que consagra el derecho a recibir la primera enseñanza en la lengua habitual. Ahora bien, preguntar por las lenguas "que entiende el alumnado" no es lo mismo que preguntar por su "lengua habitual", que es lo que exigió el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. En un sentido literal, pues, la Generalitat no cumple.

POR OTRA parte, es cierto que en el curso 2006-2007 la Generalitat añadió una casilla de información lingüística al impreso, aunque no fuera exactamente la casilla que cabría esperar tras una lectura atenta del mandato judicial. Pero más allá de la formulación literal de la casilla, lo que demandaba el tribunal era que la Administración educativa facilitase el ejercicio de un derecho reconocido por ley. Aquí Joan Badia siempre podría argumentar que cada vez que alguien lo solicita recibe la primera enseñanza en castellano (con alguna excepción puntual pero no por ello menos clamorosa); la pregunta que cabría hacerse es si más gente solicitaría esta enseñanza en el supuesto de que el impreso de preinscripción fuera más diáfano.

En todo caso, magnificar esta cuestión y convertirla en argumento para solicitar la dimisión no ya de Ernest Maragall sino de José Montilla bordea la necedad política. Toda la simpatía que un partido como Ciudadanos podría cosechar de la sociedad en general con su ojo crítico en la política lingüística catalana la derrocha con su penosa sobreactuación.

Pero la controversia con Joan Badia no acaba ahí. En mi artículo también observaba que la ley de educación actualmente en trámite parlamentario reduce el número de cursos en los que es posible solicitar la enseñanza en castellano. Actualmente son cinco cursos, desde P-3 a segundo de primaria. En su réplica Badia sostiene que "el proyecto de ley garantiza el derecho de todo el mundo a recibir las primeras enseñanzas en su lengua materna, catalana o castellana". Vale. Pero la verdad es que estas "primeras enseñanzas" se reducen a un solo curso escolar. El proyecto de ley reza literalmente así: "Los padres, las madres o los tutores de los niños podrán solicitar que sus hijos e hijas reciban el primer curso de la escolarización básica léase primero de primaria o del segundo ciclo de educación infantil léase P-3 en castellano, cuando esta sea su lengua habitual, durante el curso escolar en el cual se incorporen a las mencionadas enseñanzas".

Por lo demás, Badia se extiende sobre un punto que mi artículo silenciaba, que es la conveniencia de evitar el separatismo lingüístico-escolar. Ciertamente, si el objetivo del sistema educativo es formar ciudadanos bilingües, y con ello favorecer la llamada "cohesión social", separar a los alumnos en función de su lengua es una mala receta. Es lo que atestiguan casos como los de Bruselas o el Tirol del Sur. Es curioso comprobar que incluso organizaciones como el Foro Babel, el gran precursor intelectual de Ciudadanos, se han manifestado contra el separatismo lingüístico-escolar. (En su primer manifiesto el Foro lo decía bien claro: "En ningún caso los alumnos serán separados por razón de lengua".)

En todo caso, el separatismo está prohibido por la misma ley que reconoce el derecho a recibir la primera enseñanza en la lengua habitual. ¿Cómo se cuadra ese círculo? Badia no se refiere a esta cuestión, pero acaso merecería la pena discutirla públicamente. Hasta ahora, a quien solicita la primera enseñanza en castellano se le dispensa una "atención y apoyo individualizados"; es decir, los maestros dan la clase en catalán para todo el grupo y a ese alumno en concreto se le dirigen en castellano. Intentemos por un momento cambiar los papeles: ¿nos daríamos por satisfechos si el derecho a recibir la enseñanza en catalán se concretara de esta manera? Qué quieren que les diga.

EL PASADO26 de enero se reunieron en Barcelona un grupo de expertos de una docena de universidades europeas que colaboran en un proyecto de investigación sobre comunicación multilingüe (el proyecto Dylan). Entre otras muchas cosas, el encuentro puso de relieve que el enfoque "una sola lengua a la vez" (Olaat, en inglés) está desfasado. Catalunya quizás garantiza "el derecho de todo el mundo a recibir las primeras enseñanzas en su lengua materna, catalana o castellana", pero no puede hacerlo separando a los alumnos. Escuchando a los expertos europeos, uno se pregunta: si no podemos separar alumnos, ¿no podríamos juntar lenguas?

*Profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB