El absentismo y el acoso escolar

Si la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años y los centros educativos tienen la obligación de acoger a todos los alumnos que se matriculen, quieran o no estudiar, mantengan o no la disciplina, atiendan o no a las explicaciones que se dan en clase, hagan o no los ejercicios que se les encargan, ya es hora de que se pidan cuentas en serio a los padres que o no escolarizan a sus hijos o toleran e incluso fomentan el absentismo. La enseñanza, además de obligatoria, no es gratuita. Se paga a tra- vés de los impuestos. Y la sociedad tiene derecho a que le rindan cuentas. En la educación intervienen maestros y profesores, pero también padres y madres. Si obligaciones tienen los primeros, más las tienen los segundos.

La propuesta de los fiscales de Valencia de tipificar como delito la conducta de los padres que no escolarizan a sus hijos o toleran su absentismo merece ser tenida en cuenta. No debería tratarse tanto de sancionar con cárcel, pero sí con multa cuando una actitud reincidente de rebeldía ante los requerimientos de los docentes, de los servicios sociales y de la autoridad municipal demuestre que no existe voluntad de cumplir la ley.

Pero no basta con la presencia de los alumnos en los centros. Estos deben estar en condiciones de garantizar una enseñanza de calidad y un entorno de seguridad. Un estudio presentado ayer, que amplía otro anterior, afirma que uno de cada cuatro alumnos de segundo de primaria a primero de bachillerato sufre situaciones de acoso o violencia en las escuelas. El estudio incluye desde los motes y los insultos a las agresiones físicas, pasando por acusaciones falsas o que se rían de uno. No toda esta heterogénea lista puede considerarse en propiedad acoso. Este debe ser reiterado, con relación de poder e intención de hacer daño. Tampoco es lo mismo un mote que una riña.

En cualquier caso, el personal docente debe ser apoyado y dotado de los instrumentos necesarios para cortar de raíz las conductas dañinas de unas minorías gamberras que se imponen sobre el resto de alumnos y hostigan a los débiles desde la sensación de impunidad que les da que sus derechos se tengan más en cuenta que sus deberes. Hay que recuperar la disciplina en los centros. Eso pasa por aumentar y mejorar la dotación de psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales, pero también por una mayor capacidad para sancionar al agresor y, sobre todo, proteger al agredido.