La debacle de Ticketmaster con Taylor Swift impulsa cambios legislativos en EEUU

Cuando el martes Ticketmaster en Francia se vio forzada a suspender la venta de entradas para los conciertos en el país de ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift, la sensación de ‘déjà vu’ fue inevitable. En noviembre del año pasado lo mismo sucedió en Estados Unidos, donde tras vender 2,4 millones de entradas para la gira que devolvía por primera vez en cinco años a la artista a los escenarios la plataforma colapsó. Según argumentaron sus responsables, lo hizo bajo el peso de una demanda inigualada y ante el asalto de 'bots' empleados por revendedores para acumular los preciados pases. 

Aquel fiasco, y el peso político que arrastra una figura como Swift, que ha superado la esfera de lo musical para convertirse en un fenómeno cultural, económico y social, fue el protagonista de una vista en enero en el Senado. Allí, en una sesión donde varios senadores lograron sus momentos virales referenciando letras y títulos de Swift, se cuestionaron las prácticas monopolísticas de Ticketmaster y su empresa matriz, Live Nation, dos gigantes que se fusionaron en 2010 para crear un mastodonte.

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No solo se operó algo parecido a un milagro, al unir a republicanos y demócratas a la hora de intentar determinar qué sucedió, tratar de evitar que vuelva a ocurrir y reforzar las protecciones a los consumidores. También cobró impulso una ola de legislación, tanto a nivel federal como estatal, que puede cambiar algunas cosas.

Ola de legislación

En cada una de las dos Cámaras del Congreso se han presentado al menos dos propuestas de ley que tienen en la diana el funcionamiento del mercado de la venta y reventa de entradas. La legislación también tiene como objetivo mejorar la transparencia de las compañías, obligándoles a informar de antemano al comprador del coste de comisiones y otros cargos asociados a la entrada, sobrecargas que pueden representar hasta el 27% del precio final según un informe de 2018 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.

A nivel estatal, en Texas ya se ha convertido en ley ‘Save our Swifties’, una norma bautizada en honor a los seguidores de la artista, que impondrá multas a los revendedores que usen bots para acumular entradas. Y hay otras propuestas en California, Massachusetts o Minnesota, donde la ley que obligará a detallar de antemano las comisiones en el precio de las entradas está titulada ‘1989’, como el quinto de los diez discos de estudio de Swift.

Ticketmaster y Live Nation han apoyado algunas de esas propuestas, pero su potente brazo de lobi, que lleva años operando, ha intensificado la oposición a otras que les afectarían más directamente. La de los senadores demócratas Amy Klobuchar y Richard Blumenthal, por ejemplo, limitaría los contratos de exclusividad a largo plazo que Ticketmaster mantiene con grandes recintos para la venta de entradas. Y en el estado de Washington otra senadora demócrata acabó retirando frustrada una propuesta que había puesto coto a la práctica del “precio dinámico”, que usan las compañías para elevar los precios cuando sube la demanda.

En cualquier caso la debacle de las entradas de Swift, que en noviembre expresó su rabia por lo sucedido y no ocultó su “cabreo” por el hecho de que incluso quienes las consiguieron “sintieron que pasaron varios ataques de osos para lograrlo”, ha renovado el foco en el gigante del entretenimiento, que ya fue investigado en 2019 por el Departamento de Justicia por la potencial violación de las condiciones bajo las que se autorizó la fusión.