La jueza María Servini acepta investigar la desaparición de García Lorca

La magistrada argentina ya ha enviado un exhorto a España para iniciar las diligencias

La jueza argentina Maria Servini, en la puerta de la Audiencia Nacional en el 2014.

La jueza argentina Maria Servini, en la puerta de la Audiencia Nacional en el 2014. / JOSÉ LUÍS ROCA

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EFE / GRANADA

La jueza federal argentina María Romilda Servini de Cubría, quien desde hace años investiga violaciones de derechos humanos durante el franquismo, ha aceptado la denuncia por la desaparición del poeta Federico García Lorca presentada por La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El presidente de este colectivo, Emilio Silva, ha informado hoy a Efe de que la jueza ya ha enviado un exhorto a España para iniciar diligencias.

El inicio de esta investigación judicial coincide con el 80º aniversario del asesinato del poeta nacido el  5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros (Granada) y tras el hallazgo de unos documentos que la asociación había custodiado.

La denuncia, a la que tuvo acceso Efe y que fue formalizada el pasado abril, trasladaba a la jueza argentina un relato que acreditaba "de manera fehaciente" las circunstancias de la detención y el asesinato de Federico García Lorca, a partir de un documento de la Jefatura Superior de Policía de Granada fechado el 9 de julio de 1965.

VERSIÓN OFICIAL DEL RÉGIMEN FRANQUISTA

El referido informe, que mostró por primera vez la versión oficial del régimen franquista sobre la muerte del poeta, señalaba que García Lorca fue fusilado junto a otra persona y define al poeta como "socialista y masón", a la vez que le atribuye "prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox populi".

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A partir de este relato, la ARMH trasladó a la jueza la importancia de este caso para la configuración del que considera un "contexto de crímenes contra la humanidad" y que "resulta indispensable" contar con toda la documentación vinculada a este hecho que pueda encontrarse en los archivos del Ministerio del Interior español.

Como medida de prueba, solicitaron que se remitiera una comisión rogatoria al Juzgado de Instrucción de Madrid que correspondiera por turno para que recabase del Ministerio copias certificadas del expediente de la Jefatura Superior de Policía de Granada de 1965, así como toda documentación que obre en sus archivos relativa a la detención y homicidio de García Lorca.