JUICIO EN LA AUDIENCIA DE BARCELONA
Los impedimentos de Arabia Saudí retrasan el juicio por la estafa a un príncipe árabe
Un apoderado y su mujer están acusados de apropiarse 6,7 millones de euros de su patrimonio
Los acusados, en en banquillo, este miércoles. / periodico
Por qué confiar en El Periódico J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
El Gobierno de Arabia Saudí es muy celoso a la hora de ofrecer datos sobre los miembros de la Familia Real. Incluso si los solicita la justicia, en este caso la española. El juicio que debía haber comenzado este miércoles contra los presuntos autores de una estafa de 6,8 millones de euros a los herederos de un príncipe saudí ha sido aplazado hasta noviembre, al no poder contar con el testimonio de los denunciantes. Las autoridades del país árabe no lo han puesto fácil y han alegado que no podían ofrecer direcciones por razones de seguridad o que era difícil localizarles porque viajan mucho, a pesar de que pueden declarar por videoconferencia.
El caso ha llegado a juicio 11 años después de que la viuda y los descendientes del príncipe Saad Bin Abdul Aziz presentaron una denuncia, un retraso que impide juzgar al principal acusado del fraude, Agustín G. F., de 91 años y cuyas facultades mentales están tan mermadas que la Audiencia de Barcelona le ha exonerado. Sin embargo, el proceso sigue contra otras tres personas. Entre ellas María Antonia R. T., su esposa, para quien la fiscalía reclama dos años y seis meses de prisión.
EL APODERADO
El príncipe saudí fallecido recaló en Catalunya para tratarse de sus dolencias oculares y se compró dos pisos en Barcelona y seis fincas en el Bages. Para gobernar sus posesiones, nombró como apoderado a Agustín. G. F., que en esa fecha era el subdirector del Hotel Princesa Sofía de Barcelona, donde el aristócrata se hospedó cuando era agregado de la Embajada de Arabia Saudí en España.
En mayo de 1989, el príncipe concedió a Agustin G. F. poderes para que pudiera vender sus propiedades en Catalunya, entre las que figuraban el castillo de Rocafort de Santa Maria d'Oló. Su alteza real falleció en Riad en 1993, por lo que la vigencia de los poderes otorgados quedó extinguida, lo que, según la fiscalía, no impidió que Agustín G. F. y su esposa vendieran sus fincas y se embolsaran los 6,8 millones de euros que les dieron por esas propiedades.
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