El Síndic ve "maltrato institucional" en la atención a menores inmigrantes

Suscribe la mayoría de problemas o carencias ya detectadas en estos últimos días, pero añade una doliente expresión: “Maltrato institucional”. El Síndic de Greuges ha presentado este viernes un estudio sobre la situación de los menores inmigrantes sin referentes familiares en Catalunya (‘menas’), donde no solo riñe sino que también advierte. Por ejemplo, de la posible llegada, en el 2019 de cerca de 6.000 jóvenes no acompañados, el doble de lo esperado este año.

El estudio, de 160 páginas, escudriña todos los rincones de la atención a esta infancia vulnerable. El equipo que dirige Rafael Ribó demanda al Govern “cambios estructurales del sistema de protección en su globalidad”. Porque, tal y como determina el informe, ni la ley de protección jurídica del menor, de ámbito estatal, ni la ley catalana de infancia “no abordan de manera específica los derechos y las necesidades de los infantes migrantes no acompañados”.

Entre las carencias, el Síndic receta la elaboración de un plan integral y transversal de contingencia para dar respuesta a la llegada de estos chavales sin referente familiar, algo que las propias entidades del Tercer Sector, ya han solicitado en repetidas ocasiones. También hay coincidencia en la demanda de mayor coordinación de Treball, Afers Socials i Família con el resto de departamentos de la Generalitat. Incluidos los Mossos, que según el documento, deberían poder introducir los datos de los jóvenes en el registro de ‘menas’. Y no solo de los compartimentos del Govern, también de otras administraciones, como la estatal (en el apoyo económico necesario y en la coordinación entre autonomías a la hora de registrar e identificar en un mismo archivo a los jóvenes) o los municipios, ámbito en el que se mueven los afectados, con todo lo que eso significa. Del mismo modo, afea cierto ninguneo por parte del ámbito judicial, como por ejemplo, "déficits en la cobertura del turno de oficio específico para menores no acompañados y falta de asistencia legal a lo largo del proceso". Es por ello que reclama la creación de "un turno de oficio específico y especializado de guardia en toda Catalunya". 

Multiplicar la oferta

En el periodo 2015-2018, las llegadas de menores a Catalunya se han ido doblando año tras año. Si eso se mantiene, y esa la estimación que baraja el equipo de Ribó, en el 2019 podrían plantarse a este lado del Ebre cerca de 6.000 adolescentes, lo que obligaría, en opinión de la Sindicatura, a ampliar en 3.369 las plazas de acogida existentes. El ‘conseller’ Chakir el Homrani, informó el jueves de que a día de hoy se está atendiendo a 8.000 menores de estas características.

La situación actual, tal y como puede leerse en el informe, “pone de manifiesto una situación maltrato institucional por la acogida que se les proporciona, sin las garantías adecuadas, tanto en la atención inmediata como en la acogida posterior”. Un ejemplo de ello podrían ser las decenas de jóvenes que han pasado 10 días durmiendo en comisaría sin que nadie de servicios sociales se acercara para preocuparse por su salud o para facilitarles alimentos o enseres de higiene personal. Finalmente, esos chicos dejarán de dormir en comisaría este fin de semana (eso es lo que promete el Govern) después de que en Barcelona se haya abierto un centro de acogida de emergencia con 60 plazas, de una estancia máxima de 15 días antes de entrar en el sistema de protección.

En algo sí le da la razón el Síndic a la Generalitat. En la idea de que algunos de estos menores sean acogidos por familias. Ya se está poniendo en marcha, anunció Afers Socials el miércoles, con 15 hogares que se presentaron voluntarios para ejercer de mentores de personas refugiadas. Sería una solución para tapar otro de los agujeros que detecta Ribó: "La falta de previsión a medio plazo ha generado problemas relacionados con la sobreocupación de centros, alguno de ellos en condiciones de calidad no adecuada".