Malas noticias

Una vez más, y ya son muchas, demasiadas, la crónica urgente de lo que puede deparar el año recién desprecintado tiene un acento irremisiblemente pesimista. Un año más se puede pronosticar que llegarán tiempos mejores, sin duda alguna, pero lamentablemente eso no sucederá en el 2013. No es un mal agüero, bien mirado ni siquiera puede decirse que sea un apunte pesimista. Se trata, sencillamente, del agujero negro donde confluyen todos los indicadores de la evolución del bienestar social en Catalunya y en el resto de España y de la Europa meridional.

¿Por dónde prefieren empezar? ¿Por la sanidad pública, con los cuatro nuevos copagos y una lista de espera quirúrgica monumental? ¿O por la educación, con la proyectada voladura de la inmersión lingüística catalana y las concesiones a la escuela privada y a la Iglesia católica en detrimento de la enseñanza pública y laica? ¿Acaso por la vivienda, con miles de familias desposeídas cada año de sus hogares y encadenadas de por vida a una deuda hipotecaria impagable? ¿O bien por la red social de apoyo a los ciudadanos más débiles -que ya suponen una cuarta parte de la población-, la cual desfallece asfixiada por una deuda de la Administración que, solo en Catalunya, asciende a 640 millones de euros?

Dictadura financiera

Así tiemblan los pilares del estado de bienestar, asediado por el fundamentalismo neoliberal de la austeridad y la dictadura financiera. Un asedio que aún puede ser mucho más cruento: atención a los nuevos hachazos que impondrá Bruselas si el presidente español, Mariano Rajoy, acaba por solicitar a la UE un más que probable rescate. De momento, en la sanidad, a los copagos farmacéuticos que ya cobran los Gobiernos central y catalán, a lo largo del primer semestre del 2013 se empezarán a aplicar cuatro nuevos: por el transporte sanitario no urgente, por las sillas de ruedas y el material ortoprotésico, por los productos dietéticos recetados por los médicos y por los fármacos dispensados en los hospitales. El Ejecutivo de Rajoy paralizará además la creación de nuevas unidades hospitalarias y, antes de marzo, definirá la nueva cartera básica de servicios sanitarios, que comportará restricciones en los tratamientos de fertilidad y genéticos, los implantes oftamológicos y la prueba del talón a los recién nacidos.

Por su parte, el Gobierno de Artur Mas, después de batir en los dos últimos años todos los récords autonómicos de recortes sanitarios, ha anunciado un tijeretazo adicional de 4.000 millones para el 2013. ¿En qué medida habrá de contribuir la sanidad a este nuevo afeitado presupuestario de la Generalitat? El delicado equilibrio sobre el que se sostiene hoy la red asistencial catalana -en cuya lista de espera quirúrgica se amontonan más de 80.000 ciudadanos- puede llegar al colapso si el Ejecutivo acaba sustrayendo más recursos de esta área.

La perspectiva sanitaria no sería halagüeña ni siquiera en el improbable caso de que esta vez lograse librarse de nuevos recortes. Eso ayudaría al mantenimiento del frágil equilibrio, sí, pero solo a corto plazo. No es preciso ser adivino para predecir cómo evolucionará a medio y largo término una red asistencial desprovista durante años y años de nuevos recursos e inversiones en equipos humanos y tecnológicos, y sobre la que planea el amenazador fantasma de la privatización, muy cautamente aún en Catalunya (CAP de L'Escala), abiertamente en Madrid (seis hospitales y 27 CAP).

El año que ahora empieza alumbrará la ley orgánica de mejora de la calidad educativa, aunque la norma no se aplicará hasta el curso 2014-15. La aplastante mayoría absoluta de que dispone el PP en el Congreso permitirá al Gobierno sacar adelante la ley Wert, sin más enmiendas que las que él graciosamente quiera conceder. Y el ministro ya ha dejado claro que no está dispuesto a hacer retoques de calado a su proyecto. Está cantado, pues, el consiguiente recurso constitucional de la Generalitat contra la demolición de la inmersión lingüística y las invasiones competenciales contenidas en la norma.

Este nuevo conflicto caerá a peso sobre una escuela marcada al fuego por uno de los índices de fracaso escolar más elevados de Europa y que además viene muy castigada ya por anteriores recortes de la Generalitat y el Gobierno: supresión de la sexta hora en la escuela primaria pública, aumento del número de alumnos por aula, incremento de la carga lectiva de los docentes, abandono de la introducción de ordenadores en secundaria, imposición de una tasa a los estudiantes de formación profesional...

Tasas. Más tasas y más caras para gravar el acceso a servicios públicos esenciales. En la educación, además del nuevo gravamen en FP, se han disparado las tasas universitarias. En los tribunales de justicia, los ciudadanos también deben pagar desde finales del año que acaba de expirar un peaje para reclamar y defender sus derechos (excepto en los procesos penales), tributo que resulta ser doble en el caso de Catalunya, donde las tasas judiciales del Gobierno central vienen a sumarse a las que impone el autonómico.

Sangría social

El drama humano y social de los desahucios hipotecarios no se detendrá con el decreto que el Gobierno ha improvisado para tratar de responder al clamor popular que despertaron los suicidios de varios desahuciados. Un decreto timorato y obsequioso con la banca, y atrevido e inclemente con la ciudadanía. Queda, eso sí, la esperanza de que el Tribunal de Justicia de la UE haga suya una reciente recomendación de su abogada general y dicte que la regulación de desahucios hipotecarios en España vulnera el derecho europeo porque impide al afectado defenderse de las prácticas abusivas de la banca española.

Esto sí sería una buena noticia en el 2013, una de las contadísimas buenas nuevas, junto con el estreno del AVE Barcelona-Figueres, el 8 de enero, y la entrada en servicio del desdoblamiento del Eix Transversal, cuatro días antes. Porque nada bueno se puede esperar tampoco de la involución que proyecta el PP en la ley del aborto, de la que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya ha anunciado que se propone suprimir el riesgo de malformación fetal como una de las causas que permiten la interrupción voluntaria del embarazo.

¡Qué viaje! Esta contrarreforma llevará a España de la cabeza a la cola de Europa en legislación social.