La 'ley Wert' nace en vilo por la insumisión y los recursos al TC

Tras dos años de duro camino, plagado de polémicas, agrios debates y movilizaciones en la calle, la controvertida ley Wert se enfrenta ahora, una vez aprobada, a una batalla jurídica y a amenazas de insumisión e incumplimiento. Lejos de cosechar apoyos, la polémica ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) incluso sumó ayer nuevos rechazos antes de ser aprobada finalmente en el Congreso de los Diputados con los únicos votos del PP. UPN se abstuvo y hasta le fallaron formaciones cercanas como el Foro Asturias, que cambió su abstención inicial por un no. ERC, IU, PSOE, PNV y CiU reiteraron su compromiso de derogarla en cuanto la mayoría parlamentaria se lo permita, una espada de Damocles que se suma a los anuncios de recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) del PSOE y de cuatro comunidades: Catalunya, País Vasco, Andalucía y Canarias.

De hecho, pocos minutos después de la aprobación de la ley, que salió adelante con solo 39 votos de margen, la consellera de Ensenyament de la Generalitat, Irene Rigau, ya anunció que Catalunya «va a buscar la manera, tanto jurídica como pedagógica, de eludir la aplicación de la ley».

Rigau apeló a los maestros para que le ayuden a buscar fórmulas de resistencia y confirmó que los servicios jurídicos del Govern trabajan en un recurso de inconstitucionalidad que se fundamenta en «la defensa de las competencias estatutarias», en contra del «modelo recentralizador que quiere imponer el ministerio». El Estatut y el calendario de implantación de la reforma, «que no prevé las reválidas hasta el 2017», son las dos bazas con que juega la Generalitat para evitar la implantación de la LOMCE.

SOLO EN LA BANCADA / Solo, sin la compañía de ningún miembro del Gobierno y con apenas 30 diputados en la bancada de la derecha, el ministro de Educación,  José Ignacio Wert, recibió una lluvia de reproches y peticiones de dimisión por parte de una docena de portavoces parlamentarios. La recriminación más suave fue que la ley es «una ocasión histórica desaprovechada», lanzada por Enrique Álvarez Sostres, del Foro Asturias, quien inesperadamente le espetó: «¿De quién es esta ley que nace con el germen de la derogación inmediata? ¿A quién le corresponde la propiedad intelectual?».

ERC abrió la espita de agrias críticas y calificativos a la ley, como «retrógrada», «clasista», «ideológica», «chapuza», «nacionalcatolicista», «segregadora» o «monstruo deforme». «No se aplicará en Catalunya», clamó Joan Tardá. «Le recordaremos como a unos anteriores que entraron por la Diagonal con las tanquetas, pum, pum, pum», dijo.

Además de anunciar sendos recursos al Constitucional por parte de la ejecutivos catalán y vasco, los diputados Martí Barberà, de CiU, e Isabel Sánchez Robles, del PNV, coincidieron en un rotundo rechazo. «No la acataremos», afirmaron antes de asegurar que seguirán aplicando sus normas autonómicas.  El convergente insistió en que la LOMCE «ataca al catalán y al modelo de inmersión lingüística» y vaticinó su fracaso porque apenas ha logrado el 52% de los votos del Congreso.

Mario Bedera, portavoz del PSOE y exsecretario de Estado de Educación con José Luis Rodríguez Zapatero, terminó haciéndole esta petición al ministro Wert: «No nos avergüence más. Dimita y llévese debajo del brazo su ley para que todos pensemos que todo ha sido un mal sueño», clamó. En respuesta a todos, la diputada del PP María Jesús Moro defendió que «no es posible construir un consenso» frente al «inmovilismo», «la autocomplacencia», «el anquilosamiento», «el café para todos» y «la ley del mínimo esfuerzo».

«Hay un tiempo de destruir y uno de construir. Espero que haya acabado el tiempo de destruir y comience el de construir», fueron las únicas palabras en el hemiciclo de un desconocido Wert, citando el Eclesiastés, un libro del Antiguo Testamento muy existencial y pesimista, que reflexiona sobre la fugacidad de los placeres. Después de la votación (182 votos a favor, 143 en contra y dos abstenciones), el ministro aseguró que la ley permite disponer de un sistema educativo «a la altura que España se merece».

PROBLEMAS TÉCNICOS / Pero además de la insumisión y los anunciados recursos ante el Constitucional, varios partidos advirtieron de un problema técnico: «no va a dar tiempo» a aplicar la ley, por razones económicas y administrativas. En concreto, el PSOE, el PNV y CiU -también lo hizo Rigau desde Barcelona- aseguraron que las comunidades autónomas «no tienen dotación presupuestaria» para ponerla en marcha y que en nueve meses (los que faltan para el inicio del próximo curso) «no puede» elaborarse y aprobarse todo el desarrollo reglamentario necesario, tanto estatal (20 decretos) como autonómico. Por no hablar de la programación educativa, ni de los nuevos libros de texto. «Pido a las comunidades, los centros docentes y a los propios libreros que no desperdicien tiempo y recursos en poner en marcha una ley muerta antes de llegar al BOE», advirtió Bedera.