El informe jurídico de la Junta de Andalucía ve legal la concesión de Aznalcóllar

El concurso para la concesión de la mina de Aznalcóllar "se ajusta a derecho", según concluye un informe elaborado por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía que desmonta la teoría de las "graves irregularidades" que apunta en su auto el juzgado de Sevilla que investiga el caso. El informe insiste además en la solvencia del proyecto presentado por la empresa ganadora, Minorbis Grupo México.

El informe fue realizado después de conocer el duro auto del juzgado, que ve indicios de amaño en el concurso tras la denuncia presentada por la empresa Emeritas Resources, la otra finalista, y entiende que la empresa ganadora, por la documentación presentada, “no tenía que haber pasado siquiera la fase primera” del proceso. Este juzgado investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal vinculados con el concurso público para la adjudicación de la reapertura de la mina.

CONTRADICCIÓN

Sin embargo, los juristas del Ejecutivo regional contradicen esta versión y entienden que "a la vista de la documentación presentada por la licitadora y a la valoración realizada por el técnico especializado", la mesa de adjudicación consideró "acreditada" la capacidad técnica y económica de la sociedad. Así, por ejemplo, constata que una de las empresas del consorcio, Grupo México, presentaba fondos propios de 10.090 millones de dólares, superando en un 30% el importe necesario requerido.

Además, Minorbis, la pata española del consorcio y filial de Magtel, presentó una “declaración conjunta de compromiso” para responder a la petición, formulada por la mesa de contratación, de que avalara que su socio centroamericano respaldaba económica y financieramente el proyecto.

LA LEY DE CONTRATOS

El informe jurídico señala que al ser el licitador Minorbis, con sede en Andalucía, "no era exigible" a Grupo México la documentación sobre su capacidad presentada a través de la oficina consular, una de las irregularidades expresadas por la juez.  Respecto al procedimiento empleado en el concurso, el texto de la Junta de Andalucía recuerda "la especial naturaleza de los concursos mineros" y defiende que en este caso está "excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos", por lo que debe regirse por el decreto 9/2013 de 17 de diciembre, por la legislación minera y por la patrimonial. Los expertos apuntan que la norma sobre contratación que según la juez debería haberse empleado es de aplicación "supletoria" en caso de "dudas o lagunas".

La defensa jurídica esgrimida por el Ejecutivo hace mención además a que la empresa perdedora solo anunció pero no presentó un recurso especial contra la adjudicación, que además hubiera sido inadmitido "de plano" en virtud de la normativa que rige este tipo de concesiones mineras, ajena a la ley de contratos públicos.