Decepción por el nuevo decreto de pobreza energética

El Gobierno catalán ha preparado un nuevo decreto de pobreza energética, cuya aprobación no tiene fecha prevista, que nace entre quejas de las entidades sociales y con riesgos evidentes de no llegar a la madurez. El decreto debe regular el funcionamiento del fondo con el que se tiene que afrontar el pago de las facturas que muchas familias no pueden asumir por su vulnerabilidad económica. El debate al respecto ha sido claro desde el primer día: el reto es lograr que las empresas suministradoras se impliquen y asuman una parte del coste de ese fondo. De hecho, debería ser la parte mayoritaria. Pero las empresas nunca han dado un paso al frente en ese sentido.

Las entidades sociales se han leído el texto y han llegado a la rápida conclusión de que no es ambicioso por un motivo central: porque elude el objetivo de que las suministradoras sean obligadas a colaborar. La Generalitat, en cambio, considera que se recoge el espíritu de la reforma del código de consumo que se hizo para crear el fondo, que después fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, paralizada.

El proyecto de decreto señala que las aportaciones económicas necesarias saldrán de los presupuestos de la Generalitat, de otras administraciones, de lo que den las empresas suministradoras, bien en dinero, bien en «kilowatios o metros cúbicos». Además, incluye la previsión de que las empresas cierren convenios anuales para asegurar que el fondo se nutre «preferentemente» de sus fuentes. Para el Govern, esa palabra garantiza que la mayoría de recursos los pondrán las suministradoras. Para la Taula del Tercer Sector, que agrupa a las entidades sociales catalanas, esa palabra significa que la de las empresas será la primera opción pero que se puede recurrir a otras, dice su presidente, Oriol Illa, que lamenta que en el proyecto de decreto no se concrete qué se exige a las empreses y no se cuente con las entidades sociales en la comisión de gestión del fondo, como se les había asegurado que sucedería.

ENFOQUES

María Campuzano, de la Aliança contra la Pobresa Energètica, califica el proyecto de «muy poco ambicioso: parece que el enfoque del fondo económico es para garantizar los ingresos de las suministradoras». El secretario de Empresa i Competitivitat, Pere Torres, lo ve muy distinto y cree que el proyecto de decreto sí obliga a las suministradoras. Es cierto, dice, que de aprobarlo ahora quedaría «paralizado» por el recurso contra la norma que quiere desarrollar, la creación del fondo económico, pero mientras tanto queda la aplicación de la ley 24/2015 en que se convirtió la ILP por la vivienda y contra la pobreza energética que aprobó el Parlament en verano. El Gobierno central no la ha recurrido pero ha solicitado una comisión bilateral para estudiar su constitucionalidad. Eso significa que la ley sigue vigente, lo que obliga a las suministradoras a solicitar un informe a servicios sociales que demuestre que un abonado no es vulnerable económicamente antes de cortarle el suministro. Con la comisión, el Ejecutivo central gana tiempo: podría presentar un recurso ante el TC hasta mayo. Si no, el límite sería en noviembre. Los malpensados sospechan que presentar el recurso antes de las elecciones legislativas de diciembre no pareció conveniente.