El debate sanitario plantea la urgencia de un pacto político

El pleno monográfico sobre política sanitaria que ayer celebró el Parlament a petición de PSC, ICV, CUP y Ciutadans, apenas aportó elementos sustanciales dirigidos a perfeccionar la asistencia sanitaria que reciben los ciudadanos. Hubo coincidencia, aunque no unanimidad, en la necesidad de establecer un pacto nacional que proteja al sistema sanitario público de los cambios políticos que experimenten los futuros gobiernos de Catalunya. Uno de los escasos elementos de cambio anunciados en el pleno -adelantado ayer por EL PERIÓDICO- fue el plan de reforma legal para impedir que empresas privadas con afán de lucro puedan gestionar servicios sanitarios públicos.

Con esta medida, indicó el conseller de Salut, Boi Ruiz, el sistema público quedará libre de «etiquetas» sobre su posible «privatización», uno de los términos más utilizados en el debate parlamentario. «Ustedes hablan constantemente de que privatizamos esto y aquello, pero no aportan ni una sola prueba -dijo Ruiz-. Díganme una sola cosa que hayamos privatizado».

La iniciativa por la que se impedirá la gestión privada de los servicios públicos, un acuerdo que el Govern ya ha redactado y prevé aprobar este mismo mes, se incorporará a la nueva ley de ordenación sanitaria del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). La propuesta fue muy bienvenida ayer por el PSC, cuya diputada Núria Segú aseguró que responde a un reiterado planteamiento socialista.

«Celebramos que el Govern haya aceptado nuestra idea y decida frenar los concursos de adjudicación que amparaba la ley que aún está en vigor», afirmó Segú. Esta ley no podía impedir que empresas privadas optaran a la gestión de servicios públicos y vencieran proponiendo costes que son inasumibles si se pretende preservar la calidad de la asistencia. «El escenario económico ha cambiado mucho en este país -prosiguió Segú-. El interés que el dinero tenía hace diez años por el ladrillo se enfoca ahora hacia el sector de la salud, y es imprescindible que la sanidad pública quede blindada, por ley, de esos intereses. Salut ha de acabar con los contratos tal y como se entendían hasta ahora».

La pérdida de 1.400 millones de euros anuales que ha supuesto el recorte de un 20% del presupuesto que el sistema sanitario disponía en el 2009 fue otro de los ejes del debate de salud. «Estos recortes, y las consecuencias de su aplicación, ponen en peligro el sistema -advirtió Miquel Iceta, líder del PSC-. Los hospitales y CAP del Institut Català de la Salut han perdido 2.600 profesionales y el personal sanitario en activo recibe el 20% menos de salario».

Albert Rivera, de Ciutadans, quiso puntualizar su interés por que el sistema sanitario sea «público, nítido y claro» y que deje de ser «el tercero por la cola en España» en financiación por habitante. «Es preciso acordar un modelo sanitario que sea respetado por todos y no se cambie con cada nuevo gobierno», dijo Rivera. «Hemos de garantizar que sea sostenible e impedir la corrupción».

Lejos de la posición de Rivera se situó la diputada Isabel Vallet, de la CUP, que definió el sistema sanitario vigente en Catalunya como un «modelo feudal». Vallet dejó constancia del rechazo de su grupo a la red de hospitales sin ánimo de lucro que conciertan su asistencia con el Servei Català de la Salut, una fórmula que la CUP equipara a los sistemas proclives a la corrupción. Este grupo propone que los 65 hospitales y 365 CAP que estructuran el sistema sanitario catalán queden bajo una única dirección nacional.

El diputado Joan Herrera, de ICV, reiteró a Boi Ruiz la desconfianza que le inspira su gestión. Insistió Herrera en que el responsable de Salut apenas ha debatido en el Parlament las principales líneas de actuación de su depar-

tamento, y aseguró que la gestión del Gobierno de CiU «deja una sanidad más desigual que favorece a los ricos». Herrera citó la distancia que existe entre la esperanza de vida de un vecino de Sarrià con la que goza quien vive en Ciutat Vella. «Ocho años menos», enfatizó la diputada Marta Ribas, de ICV.

Ruiz rechazó la acusación de que su departamento cometa «irregularidades o corrupción». «Suelen equiparar una irregularidad con una acción corrupta -dijo Ruiz-, y no es en absoluto lo mismo. La rigidez de la estructura burocrática obliga en ocasiones a cometer irregularidades administrativas para agilizar una gestión urgente en un hospital, por ejemplo, pero eso no es corrupción».

La diputada Alba Vergés, de ERC, abogó por que todos los grupos políticos presentes en el Parlament busquen fórmulas de acuerdo para defender el sistema sanitario público. «Todos hemos de ser cómplices para mejorar urgencias, listas de espera y unos sueldos dignos para el personal sanitario», dijo Vergés. «Sufrimos una gran crisis de confianza: todos estamos bajo sospecha», dijo.