Santa Coloma desalojará dos bloques ocupados por más de 30 personas

ElAyuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) prevédesalojaren los próximos días dosbloques de laavenida Generalitat 196-198 en proceso deexpropiaciónyocupadospor una treintena de personas, en vista de un informe arquitectónico que alerta sobre elmal estado de los inmuebles, según ha explicado este martes a Europa Press la portavoz de los afectados Carme Giménez.

Según Giménez, así lo ha comunicado este mismo martes el consistorio en una reunión con afectados y vecinos solidarios con el caso, mientras efectivos de la brigada municipal tapiaban los ocho pisos no ocupados --de un total de 22-- en estos inmuebles, que albergan a personas con pocos recursos, diversos de ellos autóctonos, y a tresfamilias con niños.

La portavoz ha considerado que el ayuntamiento, que se ha comprometido a buscar unasolución para las familias con menores, "está gestionando mal la cuestión y debería atender a los afectados para que nadie quede en la calle".

Ha opinado que por lo menos debería dejar los meses de agosto e incluso de septiembre de margen para que los ocupantes encuentren una vivienda alternativa, una cuestión que los afectados y los vecinos solidarios abordarán en una asamblea esta semana.

Giménez ha añadido que la decisión de desalojar los bloques "no tiene fundamento jurídico", y ha desestimado riesgos para la seguridad de sus habitantes, señalando que no tienen deficiencias estructurales y que el jueves se cortó la luz, por lo que las deficiencias en el sistema eléctrico tampoco suponen un peligro.

Peligro de incendio

En declaraciones a Europa Press, el primer teniente alcalde y portavoz del equipo del gobierno municipal,Esteve Serrano, ha explicado que se ha tomado esta decisión porque existe "riesgo para las personas", a causa de la deficiente instalación eléctrica, que puede provocar incendios y electrocutación, ha avisado.

Los edificios afectados forman parte de un plan urbanístico que prevé derrumbarlos para construir una plaza pública, lo que se ejecutará cuando termine la mediación con las familias y los servicios sociales, que prevé que suceda entre 10 y 15 días.

"Son ocupaciones ilegales", ha afirmado Serrano, que ha recordado que con esta operación el ayuntamiento no está desahuciando a nadie, sino que está aplicando un programa individualizado para derivar a estas personas a los servicios sociales y encontrar una solución, lo que es complejo porque no todos están empadronados en el municipio.