La tercera vía de Rubio Llorente

Un extremeño de 83 años se dio un buen madrugón ayer para viajar a Barcelona y afirmar que los catalanes tienen derecho a pronunciarse en una consulta, que el Gobierno central debería aceptarla, que la independencia es un «fin lícito» y que España es una «nación de naciones» en la que Euskadi y Catalunya merecen un «trato diferenciado». Son las reflexiones de Francisco Rubio Llorente, exvicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) y expresidente del Consejo de Estado. Un jurista de fuera de Catalunya que lleva tiempo nadando a contracorriente, atreviéndose a teorizar en toda España que los catalanes tienen derecho a ser consultados y que el referendo encaja en los cauces constitucionales si hay voluntad política.

El catedrático emérito de Derecho Constitucional no se anduvo por las ramas. Llevaba escritas las tesis que quería exponer, la primera de las cuales fue proclamar su oposición a la secesión de Catalunya por ser una «distopía», «un futuro peor que el presente», como la sociedad ficticia que describía George Orwell en 1984 o Aldous Huxley en Un mundo feliz. «El problema más difícil del Estado catalán sería la nacionalidad», previno. Pero distópico fue también el escenario que dibujó en caso de que el Gobierno de Mariano Rajoy siga dando la espalda al movimiento soberanista.

«Disparates y amenazas»

«La negativa al referendo puede generar una frustración que lleve a la búsqueda de vías inciertas de efectos impredecibles», advirtió, en alusión a unas elecciones plebiscitarias -«un puro disparate que no sería democrático porque supondría la renuncia de los partidos a gobernar Catalunya»- y a una declaración unilateral de independencia. Rubio Llorente, que presidió el Consejo de Estado durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, atacó tanto el inmovilismo de Rajoy como las «amenazas» de Artur Mas. Así es como calificó la resolución del Parlament para llevar el referendo a Madrid y negociarla en tres meses.

En presencia de la presidenta Núria de Gispert, el jurista reprendió a la Cámara catalana por fijar un «ultimátum» al Estado en vez de promover la reforma legislativa que podría canalizar la consulta. Consistiría en enmendar la ley orgánica que regula los referendos, de 1980. Y no haría falta tocar la Constitución porque el redactado del artículo 92 -«Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referendo consultivo de todos los ciudadanos»- no veta expresamente una consulta territorializada.

«Los catalanes tienen derecho a expresar su voluntad, pero no a imponérsela al resto del Estado», aseveró ante diputados de Unió, ERC, PSC, ICV y CUP, antes de insistir en que solo el diálogo puede desencallar el conflicto.