El Supremo permite reiniciar las emisiones de TV-3 en Valencia

El Tribunal Supremo permitirá volver a emitir TV-3 en la Comunidad Valenciana. El alto tribunal ha aceptado el recurso de casación de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que avalaba la prohibición de las emisiones de TV3 en la comunidad. La sentencia anula también la sanción de 300.000 euros contra la entidad que hasta hace poco dirigía Eliseu Climent y deja sin efecto el cierre judicial de los repetidores de la televisión autonómica catalana en la Comunidad Valenciana al entender que las resoluciones impugnadas por ACPV fueron dictadas por órganos de una administración que no era competente para sancionar las conductas objeto de litigio. El Tribunal Supremo entiende que corresponde al Estado el control y eventual sanción del uso del dominio público radioeléctrico.

El presidente valenciano, Alberto Fabra, acatará la sentencia y, por tanto, anulará la multa, así como la prohibición de las reemisiones, según señalaron fuentes del Consell, que recalcaron que la Generalitat valenciana «siempre» ha defendido un convenio de reciprocidad, «tal y como establece la ley», que permita que Canal 9 se vea en Catalunya. Sin embargo, la decisión del alto tribunal supone un revés para la Generalitat valenciana y, en particular, para Francisco Camps y su equipo de gobierno, que emprendió una auténtica cruzada contra las emisiones de la cadena catalana en territorio valenciano. Fabra, que en su etapa como alcalde de Castellón se pronunció a favor, tiene ahora la oportunidad de desmarcarse de la línea trazada por su antecesor.

DOS EXPEDIENTES / ACPV destacó que la sentencia solo se refiere a uno de los tres expedientes sancionadores impuestos por la Generalitat valenciana, por lo que la entidad descartó resintonizar «inmediatamente» la señal, ya que de los otros dos expedientes pendientes de sentencia del Supremo podrían aún desprenderse nuevas sanciones económicas por parte del Gobierno valenciano o del Estado. Climent emplazó a las administraciones a llegar a un acuerdo con respecto a la reciprocidad de la señal. «El futuro inmediato está en manos de la Generalitat valenciana, la catalana y el Gobierno español; es a los poderes públicos a quien corresponde dar una solución definitiva a este problema», zanjó.