'Realpolitik' en justicia

«La peor lucha es la que no se hace», decía Karl Marx. Y el Gobierno del PP ha preferido tirar la toalla para evitar enfrentarse a más conflictos diplomáticos por las causas abiertas en la Audiencia Nacional contra países que no respetan los derechos humanos. La decisión de este tribunal de perseguir al expresidente de China Jiang Zemin por los crímenes en el Tíbet es probablemente la última orden de detención que un juez español firme contra un mandatario extranjero por delitos de genocidio o lesa humanidad. Los juristas critican con dureza esta medida y lamentan que España vuelva a situarse a la cola de la persecución de la violación de derechos humanos.

«Mi posición ante la justicia universal es un poco esquizofrénica», explica Joaquín de Fuentes Bardají, exabogado general del Estado, «porque defiendo una legislación que persiga la violación de derechos fundamentales, pero rechazo que un país se arrogue la competencia de la justicia universal».

Hambre y ganas de comer

Una opinión que comparte Cándido Conde-Pumpido, actual magistrado del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado. «Se han juntado el hambre con las ganas de comer», explica Conde-Pumpido. «El hambre del PP por acabar con la justicia universal y las ganas de comer de la Audiencia por tener protagonismo», aclara. Otros juristas coinciden en que la decisión de la Audiencia de ordenar la detención del expresidente chino ha sido una barbaridad. «La jurisdicción no ha fallado, pero ha sido aplicada por jueces insolventes», subrayan.

José Ricardo de Prada, juez en la Audiencia Nacional y la Sala de Crímenes de Guerra de la corte de Bosnia-Herzegovina, señala que la actuación de España en la persecución de crímenes contra la Humanidad «ha sido la mayor contribución al derecho internacional en el último siglo». Y destaca la detención de Augusto Pinochet o la contribución de la justicia española para que en Argentina se acabara con las leyes de punto y final que impedían perseguir los crímenes de la dictadura militar. Este juez también critica al Ejecutivo del PP por ir contracorriente: «La tendencia en el mundo es ejercer la jurisdicción universal». De Prada explica que la Audiencia Nacional ha evolucionado en la aplicación de la misma y pone como ejemplo la investigación de los crímenes del expresidente de Guatemala Efraín Rios Montt, que fue juzgado en su país con pruebas obtenidas en España.

Acotada en el 2009

El PSOE ya acotó la justicia universal en el 2009 por las presiones de Israel, pero permitió que se persiguieran estas violaciones si había víctimas españolas. Una condición que ha sido abolida por el PP al impedir a las organizaciones y particulares pedir la apertura de un proceso por este tipo de delitos.

La reforma socialista intentó acotar «los excesos» de algunos jueces de la Audiencia que abrieron procedimientos que no tenían ninguna viabilidad y que supusieron un quebradero de cabeza para el Gobierno de turno. Una postura que defiende De Prada, quien aboga por eliminar la imagen de que España es «la guardiana del mundo». Y es que Israel, China o Estados Unidos no han hecho otra cosa que preguntar a los diplomáticos por qué España decide intervenir en sus asuntos cuando otros 150 estados miran hacia otro lado.

De Fuentes critica, además, que se haya buscado una estrategia, presentar la reforma como una proposición de ley y no como un proyecto de ley, para evitar la opinión del Consejo General del Poder Judicial, que, al tratarse de cambios en la competencia de los tribunales, debería «ser necesariamente escuchada». También cuestiona que se pueda aplicar con carácter retroactivo a los procesos que ya están abiertos.

De Prada considera que esta decisión es una muestra más de «la desconfianza» del Gobierno hacia los jueces. Y critica que el PP haya optado por «el aislamiento internacional». Y Conde-Pumpido lamenta que la justicia española «desaparezca de la primera línea en la persecución de la violación de los derechos humanos».