Rajoy alegará que Mas mantiene la pregunta para ir de nuevo al TC

La comisión permanente del Consejo de Estado se reunirá hoy, bajo la presidencia de José Manuel Romay Beccaría, para elaborar el dictamen que le ha reclamado el Gobierno central sobre el nuevo 9-N. Ese informe, aunque no es vinculante, es el paso formal previo al recurso que a buen seguro aprobará mañana el Consejo de Ministros y que se presentará ante el Tribunal Constitucional para intentar frenar la «consulta participativa» que, el 9-N, pretende organizar Artur Mas una vez desechado el referéndum soberanista.

Desde la Moncloa se insistía anoche en que el Ejecutivo no tomará una decisión definitiva sobre los argumentos a utilizar ante el Alto Tribunal hasta que no reciba la valoración del Consejo de Estado. En todo caso, gana fuerza la hipótesis de que se alegará que la Generalitat ha tratado de cambiar en apariencia el formato de la consulta ya recurrida pero que, sin embargo, mantiene la doble pregunta que ya se planteaba para el referendo soberanista impuganado, a saber, ¿Quiere usted que Catalunya sea un Estado?, y en caso afirmativo, ¿Quiere que este Estado sea independiente: sí o no?.

El pasado 14 de octubre, fecha en que el president Mas desveló parte de su plan para sustituir el referendo que hasta entonces defendía para el 9-N por un sucedáneo de consulta, el ministro de Justicia dio alguna pista al respecto. «El Gobierno entiende que la pregunta que se formuló en el decreto de la Generalitat tiene visos de inconstitucionalidad. Por tanto, esa pregunta no podría ser objeto de consulta. Volveríamos a actuar de la misma manera», avisó, apuntando hacia un nuevo recurso.

CAMBIO DE TONO / Ese mismo día, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió de que si la estrategia del Govern pasaba por utilizar artículos de la nueva ley de consultas que no habían sido impugnados por el Ejecutivo cabía,  por su parte, una ampliación de recurso sobre dichos preceptos de la norma. Bien es cierto que en los días siguientes en la Moncloa se bajó el tono con respecto a Catalunya. El primero en hacerlo fue el presidente Rajoy, que insistió en la oferta de diálogo y mano tendida dentro de la ley y dejó los amagos de recurso en el Constitucional en segundo plano.  Se supo también que Santamaría mantenía contactos con el líder del PSC, Miquel Iceta; y con el máximo responsable de Uniò, Josep Antoni Duran Lleida, para tantear las posibilidades de un acercamiento entre CiU y los socialistas catalanes que permitiese agotar la legislatura a Mas si se apartaba de ERC.

Pero el paso de los días sin que el president diese su brazo a torcer ha provocado un cambio de estrategia de los populares que, acongojados por los casos de corrupción que empañan la mayoría de las iniciativas gubernamentales, han optado por mover ficha  y anunciar recurso en el Constitucional. Además, han ido avisando de las consecuencias que podría tener, para los funcionarios, el implicarse en el proceso de Artur Mas. De hecho, Europa Press adelantó ayer que la nueva impugnación del Gobierno, además de referirse al fraude de ley que podría suponer el mantenimiento de la pregunta que se diseñó para la consulta soberanista, podría incluir que se haya involucrado a la Administración catalana con instrucciones a trabajadores públicos o Mossos, aunque no figuren en ninguna orden oficial.

No obstante, los juristas admiten que es un aspecto de difícil recurso y el Ejecutivo dice que aguarda la opinión del Consejo de Estado al respecto.