El presidente de la Diputación de Tarragona, imputado por Innova

El presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, de CiU, se sumó ayer al más de medio centenar de imputados en el caso Innova, que investiga presuntas irregularidades en el hólding de empresas municipales del Ayuntamiento de Reus (Baix Camp). Poblet está citado a declarar mañana por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y falsedad documental. La investigación, en este caso, se centra en posibles pagos irregulares en la construcción del centro de asistencia primaria (CAP) de Vila-seca, inaugurado por el president Artur Mas en el 2012 y que costó 11,2 millones de euros.

El caso Innova, que en un principio se circunscribió a Reus y se cobró la dimisión de Josep Prat -entonces presidente del grupo de empresas y el Institut Català de la Salut (ICS)-, se ha ido extendiendo en los últimos meses por toda la provincia. Desde las Terres de l'Ebre, por posibles irregularidades en la concesión del servicio de ambulancias; a la capital, donde vive Prat; y ahora a Vila-seca, donde además de Poblet también está imputada su esposa, Esther Ventura, que hasta el 2012 fue directora financiera del grupo Innova y mano derecha de Prat.

UN JUEZ DE REFUERZO / El titular del juzgado número 3 de Reus, Diego Álvarez de Juan, está dando un nuevo impulso a la investigación desde que a principios de febrero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombró un juez de refuerzo que ha permitido al titular centrarse en la investigación de Innova. En la pieza separada número ocho ha incluido la investigación que afecta a Poblet y a otros seis concejales de su equipo de gobierno, todos de CiU, que también declararán como imputados.

Las irregularidades en Vila-seca salieron a la luz cuando el pasado 18 de febrero la Guardia Civil se personó en el ayuntamiento para requerir documentación sobre la construcción del ambulatorio. El proyecto fue supervisado por el arquitecto Jorge Batesteza, que cobró más de 10.000 euros de acuerdo con un contrato ratificado por unanimidad en una junta de gobierno municipal en mayo del 2008.

Batesteza es otro de los principales implicados en el caso Innova. El juez lo investiga por haber realizado presuntos cobros injustificados por un valor de 387.000 euros, entre el 2007 y el 2010, en concepto de asesoría técnica para la construcción del Hospital Sant Joan de Reus.

EL ALCALDE SE DEFIENDE / El Ayuntamiento de Vila-seca defendió ayer su gestión en un comunicado en el que expresaba tener «la certeza absoluta» sobre el correcto funcionamiento de la administración municipal. También advertía de que el «ayuntamiento actúa y actuará en defensa de la institución [...] ejerciendo todas las acciones legales que correspondan y exigiendo siempre la corrección de los procesos judiciales».

El comunicado aseguraba que la documentación solicitada en su día por el juez es «la garantía de la transparencia y de la absoluta corrección del proceso». Y añadía que no existe «ninguna relación directa ni indirecta con la sociedad Innova» ni con el Ayuntamiento de Reus.

CDC también emitió anoche una nota en la que manifestaba su apoyo a Poblet y el resto de concejales imputados y expresaba su sorpresa por que la decisión judicial se tomara después de que el alcalde de Vila-seca asistiera al acto de la Assemblea Nacional Catalana del pasado sábado y en vísperas del debate sobre la consulta en el Congreso.

El caso Innova se inició a raíz de las irregularidades que la CUP alegó ante la Fiscalía el 9 de enero del 2012. Entonces, a falta de pruebas más contundentes, la CUP denunció las incompatibilidades de Prat, que ejercía como presidente de Innova y del ICS, además de tener un alto cargo en una sociedad privada del ramo farmacéutico.

Ara Reus también llevó a los juzgados las anomalías en la gestión de Innova. Se produjo la dimisión de Prat y la imputación del anterior gobierno tripartito de Reus, con el socialista Lluís Miquel Pérez al frente. La investigación del caso ha salpicado, asimismo, a dirigentes como el diputado de CiU Oriol Pujol; el conseller de Salut, Boi Ruiz, y el de Justícia, Germà Gordó. Estos últimos, por el presunto pago de facturas al abogado que defiende a Prat. «Esto no ha hecho más que empezar», insiste en repetir Jordi Cervera, portavoz de Ara Reus.