La Policía investiga un nuevo fraude en ayudas a parados en Andalucía

La Policía Nacional investiga un nuevo fraude en las ayudas a parados cometido en la Junta de Andalucía. Aunque las pesquisas se iniciaron en Málaga, las irregularidades se han extendido ya al resto de la comunidad, y ponen bajo sospecha miles de ayudas concedidas para cursos de formación por un importe total de 3.700 millones de euros. Fuentes policiales no dudan en señalar que el dinero total defraudado superaría con creces los 140 millones de los ERE, y algunas fuentes apuntan a que no sería descabellada la cifra de 2.000 millones. Una cifra que ha sido rotundamente desmentida desde la Junta de Andalucía, que señala que los agentes le han reclamado información de expedientes, todavía abiertos, referidos a 1,5 millones de euros.

La investigación surge hace más de un año a raíz de las denuncias formuladas por la Seguridad Social ante irregularidades en cursos de inserción laboral. Las primeras pesquisas se centran en ayudas a 15 empresas dedicadas a impartir estos cursos, que habrían recibido unos tres millones de euros. Según ha trascendido, algunos de esos cursos no se impartieron, lo hicieron a medias rellenando de forma ficticia la lista de asistentes o se incumplió el compromiso de contratar al 60% de los alumnos al menos durante seis meses.

El fraude pone de nuevo en el disparadero a la Consejería de Empleo y el organismo encargado de gestionar estos cursos, el Servicio Andaluz de Empleo. Y es que el SAE otorgaba el 75% del dinero de los cursos a las empresas solicitantes, que recibían el 25% restante tras acreditar que se habían cumplido los requisitos exigidos. La Policía sospecha que, sin embargo, se concedieron las ayudas sin comprobar si las empresas, algunas creadas específicamente para recibir los fondos públicos, cumplían los requisitos legales exigidos. Además, algunas de las entidades que impartieron los cursos no reclamaron este porcentaje final, mientras que la Junta tampoco exigió la devolución del dinero dado, dejando en cuestión los controles a las ayudas concedidas.

Desde la Junta de Andalucía, sin embargo, niegan el supuesto fraude y señalan que a principios de año recibieron una petición de agentes vinculados a la Seguridad Social sobre 17 expedientes de empresas que impartieron cursos en Málaga en el 2010, y que recibieron en total 1,5 millones de euros. Las fuentes señalan que dicha información fue entregada días después, y que no tuvieron más noticias o peticiones referidas a otras provincias. Asimismo, subrayan que se trata de 17 expedientes aún abiertos y que se encuentran en fase de revisión ordinaria. Reconocen, no obstante, que en esa revisión se les había pedido información extra para justificar el desarrollo de los cursos. Asimismo, rechazan que el supuesto fraude se eleve a 2,000 millones, cantidad estimada por la Policía, y recuerdan que, por ejemplo, el montante total de las ayudas a cursos de formación entregadas en Málaga en el 2010 fueron de 360 millones de euros, según datos ofrecidos por la Cámara de Cuentas.

La única reacción a este nuevo escándalo se ha producido de momento en las filas del PP. El presidente de esta fuerza en Andalucía, Juan Moreno Bonilla, ha exigido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "dé la cara" y explique "si estamos ante un nuevo caso multimillonario de corrupción por parte del socialismo andaluz" en lo que respecta a los fondos de formación para desempleados.