La jueza Alaya eleva ya a 299 los imputados por el caso de los ERE

La jueza que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía ha aumentado ya el número de implicados a 229, tras la imputación de diversos empresarios vinculados al ámbito de la limpieza en Granada por la tramitación de prejubilaciones al margen de cualquier procedimiento establecido y con la inclusión de intrusos relacionados con el exdirector general de Empleo de la Junta Javier Guerrero, considerado pieza clave de la causa.

Entre los seis imputados en el nuevo auto de la jueza Mercedes Alaya se encuentran el presidente de FCC Medio Ambiente, Agustín García Gila, y el director general de Recursos Humanos de la empresa Cespa, Salvador Tudela. Ambos habrían participado en las negociaciones que, "como consecuencia del conflicto colectivo en el ámbito de la Limpieza en Granada, culminaron con el Convenio Colectivo para la provincia de Granada de 6 de abril de 2006".

Dicho convenio permitió que a finales de ese mismo año Guerrero, "sin la tramitación de expediente alguno y con falta de competencia para ello", aprobase la suscripción de una póliza para FCC y Cespa con una renta total a percibir por estas empresas de 452.000 euros cada una de ellas. Según Alaya, ambos directivos, además, conocieron "indiciariamente" la inclusión en una de las pólizas de seis personas vinculadas a Guerrero.

Entre el resto de imputados se encuentran tres responsables de la Caja Rural de Granada en 2007, así como una trabajadora de una de las mediadoras a la que la Junta contrataba para tramitar estas prejubilaciones.

La jueza Alaya sigue adelante con la instrucción del caso al tener el visto bueno del Tribunal Supremo, el órgano al que remitió el pasado mes de agosto la causa por acumular indicios contra dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como siete exconsejeros de Hacienda, Economía y Empleo, Innovación y Presidencia, como Gaspar Zarrías y Mar Moreno.

La instructora entiende que todos ellos habilitaron un sistema inadecuado para conceder ayudas al margen de cualquier control y sin publicidad, lo que dio pie a irregularidades como la aparición de personas ajenas a las empresas que regulaban plantilla o la concesión de ayudas directas a empresas afines al PSOE y a Guerrero, así como el cobro de jugosas comisiones por parte de sindicatos y mediadoras que participaban en la tramitación de estos expedientes.