CÓDIGO ÉTICO DEL PSOE
Sánchez enarbola la «refundación» democrática y fija límites a los cargos
Con matizaciones ocasionales y causando algún malestar por el camino, la regeneración democrática es una de las banderas de Pedro Sánchez al frente del PSOE. El secretario general ha ido desgranando propuestas desde la campaña que le llevó a asumir su puesto: revisar la ley del indulto y los aforamientos, limitar a ocho años los mandatos, convertir las primarias abiertas en obligatorias para todos las siglas y exigir dedicación exclusiva a los diputados y senadores, que no podrán realizar ninguna otra actividad ni cobrar un euro más de los que ya perciben por su escaño. Con la clase política desacreditada y Podemos arrebatando votos al PSOE con sus críticas a la «casta» que ha gobernado España, Sánchez dijo ayer durante un acto socialista que había llegado el momento de la «refundación» democrática y anunció un nuevo código ético para los cargos del partido.
El documento contiene importantes novedades. Los nuevos límites afectan al ejercicio del cargo y a los momentos posteriores, así como a los pasos que se deben dar cuando un dirigente resulta imputado o se le abre juicio oral.
INFORMAR DE LAS DIETAS
No se trata de una sucesión de compromisos abstractos, sino de obligaciones muy concretas: los mandos del PSOE no podrán recibir regalos superiores a 60 euros (si lo hacen, habrán de devolverlos o donarlos a la Administración o bien a una entidad sin ánimo de lucro), deberán adquirir siempre en sus viajes la «tarifa más económica» y tendrán que informar en todo momento de las dietas y los gastos de representación, cuya cuantía se limita.
El nuevo código también será de aplicación a los expresidentes del Gobierno y autonómicos. Si realizan alguna actividad «continuada y retribuida» en empresas, estarán obligados a renunciar a su sueldo público y vitalicio. La disposición podría afectar de lleno a Felipe González, que percibe 126.500 euros al año como miembro del consejo de administración de Gas Natural Fenosa y también una pensión vitalicia de cerca de 80.000 euros anuales como exjefe del Ejecutivo. Sin embargo, continuará cobrando por ambos conceptos. Los socialistas están en contra de que la nueva regla se aplique con efectos retroactivos.
INDULTOS PROHIBIDOS
Parte importante de la veintena de medidas anunciadas ayer tiene que ver con las pautas a seguir cuando un dirigente se ve salpicado por un delito, ya sea presunto o esté probado: estarán obligados a informar a la comisión de garantías del partido si son imputados (el organismo decidirá sobre su expulsión), tendrán que dimitir cuando se les abra juicio oral (aunque el PSOE se compromete a restablecer su «buen nombre» si resulta absuelto) y no podrán solicitar el indulto si son condenados por corrupción, violencia doméstica u otros delitos graves.
El código, por último, se detiene en la exclusividad que Sánchez exigirá a diputados y senadores, una iniciativa que el PSOE se aplicará a sí mismo aunque no salga aprobada debido al rechazo del PP. La propuesta, en cualquier caso, no ha sentado bien en muchos dirigentes socialistas, quienes consideran que no se ha dialogado, alimenta la «falsa imagen» del parlamentario como alguien no dedicado por completo a su escaño y puede traer consigo el efecto de profesionalizar aún más la política, ya que los dirigentes se verán obligados a cortar los lazos con su actividad anterior.
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