La ley electoral da el primer paso a pesar de la amenaza de fracaso

Ni más ni menos que con 36 años de retraso, los partidos catalanes han dado el paso más importante para que Catalunya pueda tener de una vez ley electoral propia. Aunque podría ser en falso. Por vez primera, una propuesta será debatida por el pleno del Parlament, pero lo hará sin garantía alguna de ser aprobada, y con expectativas más bien pesimistas. Los grupos remacharon ayer en la ponencia un anteproyecto amputado porque no contiene el sistema para traducir los votos en escaños, histórico punto de desencuentro entre los partidos. Cada fuerza presentará su propuesta de sistema electoral en forma de enmienda y lo defenderá en el pleno. Gesto inocuo -dado que ningún modelo concita los requeridos 90 votos- cuyo objetivo será presionar al PSC para que salve la norma de un nuevo ridículo. Los socialistas se muestran dispuestos a resistir y advierten de que no les «temblarán las piernas».

Cuando se constate el bloqueo, CiU, ERC e ICV-EUiA (que solo suman 84 votos) plantearán la solución de emergencia que ya tienen apalabrada: consagrar la fórmula vigente y desbloquear las listas para que los electores puedan marcar candidatos preferentes en la papeleta de voto. A los socialistas les parecen insuficientes estos retoques y reclaman que se incluya algún otro mecanismo que aumente la proporcionalidad. El PPC y Ciutadans rechazan también el actual borrador y el partido de Albert Rivera ya ha avanzado incluso que presentará una enmienda a la totalidad.

Más allá del sistema electoral, el texto acordado crea la Sindicatura Electoral Catalana -sustitutiva de la Junta Electoral Central-, que constará de seis representantes: tres miembros del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya elegidos por sorteo y tres catedráticos o profesores que el Parlament escogerá por una mayoría de tres quintas partes (81 diputados). No obstante, los miembros de la magistratura tendrán prevalencia en el organismo, pues designarán siempre de entre ellos al presidente, que dispondrá de voto de calidad en las deliberaciones.

El anteproyecto endurece el régimen de incompatibilidades de los cargos electos y prohibirá a los diputados del Parlament compatibilizar este escaño con el de senador, lo que impediría a la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ser reelegida senadora por designación del Parlament. Otra novedad sería obligar a los candidatos a estar censados en la circunscripción por la que concurran, a fin de evitar un recurso habitual de los partidos: completar las listas con candidatos de otras demarcaciones, o situar en los primeros puestos a una persona perteneciente a una circunscripción distinta para garantizarse el escaño.

Un elemento de fricción entre los grupos fue la incorporación al texto del voto anticipado, que permitirá a los electores votar entre el lunes y el jueves previo a la jornada electoral. La fórmula pactada consiste en que el elector lleve en mano el sobre con su voto a su ayuntamiento, donde el secretario del consistorio se encargaría de verificar la identidad del votante, custodiar el sobre y entregarlo a la mesa electoral. PSC, PPC y Ciutadans recelan de la medida porque creen que no da «garantías» legales.

GESTOS DE AUSTERIDAD / Los grupos se han quedado a medias en su intento de apostar por la dedicación exclusiva de los diputados. El borrador de la ley impone una rebaja salarial a los parlamentarios que compaginen su cargo con otras actividades remuneradas fuera de la Cámara. Mayor será el ahorro con la correspondencia electoral. Si la ley ve la luz, los catalanes dejarán de recibir en sus buzones un sobre por cada fuerza política. En su lugar se distribuirá un único sobre pagado por el erario con la propaganda de todas las candidaturas con representación parlamentaria. El mailing (buzoneo) se sufraga fundamentalmente con subvenciones públicas y es uno de los mayores gastos de campaña de los partidos. A las candidaturas que obtengan diputados por primera vez, algo que podría ocurrir con Podemos en las elecciones del 27-S si se cumplen las encuestas, se les abonará después el coste de su correspondencia.

El anteproyecto atiende a medias la eterna reivindicación de los periodistas de los medios públicos: la liquidación de los bloques informativos que imponen el tiempo que deben informar de cada partido en función de su representación. El cronómetro no desaparecería, pero los profesionales tendrían cierto margen para ordenar las informaciones a partir de criterios de «interés informativo», además de los de «proporcionalidad y representación».

Para garantizar esta flexibilidad, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya y el Consell de la Informació de Catalunya minutarán la información electoral de los medios públicos y privados y podrán actuar si detectan que no informan con proporcionalidad y equidad.