La jueza de Madrid manda a la Audiencia a los 34 detenidos el 25-S

La magistrada del juzgado número ocho de Madrid ha remitido a la Audiencia Nacional la detención de 34 personas en la concentración del pasado 25 de septiembre al imputarles un delito contra las instituciones del Estado, porque su intención era "destituir al régimen vigente" para constituir un "nuevo sistema de organización política, económica y social", según la convocatoria del movimiento "rodea el congreso" divulgada por las redes sociales.

La jueza recuerda que el magistrado Santiago Pedraz investiga a ocho personas por convocar estos actos y sostiene que los detenidos tienen que ser investigados en esta causa y no por los juzgados ordinarios. Además, la magistrada acusa a los arrestados de haber intentado rebasar el perímetro de seguridad que estableció la policía para proteger el Congreso de los Diputados y que también impidieron que los diputados abandonaran el hemiciclo. Por ello, afirma que el 25-S hubo "una convocatoria de concentración de ciudadanos ante el Congreso de los diputados coincidiendo con la sesión plenaria" para exigir la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado.

TRIBUNAL COMPETENTE

La magistrada ha tomado esta decisión después de dejar en libertad a los detenidos el pasado jueves. El magistrado Santiago Pedraz se negó a interrogar a los arrestados por considerar que no habían cometido ningún delito que fuera competencia de este tribunal. Ahora, este magistrado debe decidir si acepta la inhibición de su colega de Madrid. En caso contrario, será el Tribunal Supremo el que decida qué tribunal es competente para investigar estos hechos.

La convocatoria del 25-S se saldó con la detención de estas personas después de varias cargas policiales que fueron aplaudidas por el Gobierno. El ministerio del Interior y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, desde el primer momento tipificaron la actuación de estas personas como un delito contra las instituciones del Estado. Sin embargo, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, y el exjuez Baltasar Garzón las encuadran en el derecho de los ciudadanos a manifestarse.