CORRUPCIÓN EN LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL

La jueza imputa a Oriol Pujol por otro cohecho

El exdiputado de CiU Oriol Pujol, en su declaración en el Tribunal Superior de Catalunya en abril del 2014.

El exdiputado de CiU Oriol Pujol, en su declaración en el Tribunal Superior de Catalunya en abril del 2014.

J. G. ALBALAT / BARCELONA

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La «intervención» del que fuera diputado y portavoz de CiU en el Parlament Oriol Pujol resultó «decisiva»,   «gracias a los cargos políticos que ostentaba», en las negociaciones para la venta de la planta industrial de la empresa Sharp en Sant Cugat del Vallés, en la reconversión industrial de las fábricas de las multinacionales Yamaha, en Montornés, y Sony, en Viladecavalls,  y en el proyecto para recalificar de terrenos para uso industrial en las proximidades de Seat, en Martorell. Así lo expone la jueza de Barcelona Sílvia López Mejía en un auto en el que cita a declarar como imputado el 12 de enero al exdirigente nacionalista por cohecho y falsificación de documento. Los investigadores apuntan que a cambio de esas gestiones, la mujer de Pujol, Anna Vidal, percibió  499.060 euros entre el 2008 y 2011 del empresario Sergi Alsina, amigo de la familia.

La magistrada ha aceptado, así,  la petición del fiscal anticorrupción Fernando Maldonado de llamar a declarar a Oriol Pujol, que ya está imputado por presunto cohecho por el intento de amaño de la adjudicación de estaciones de ITV; a su mujer, Anna Vidal, y al empresario Sergi Alsina, administrador de la consultora Alta Partners. También deberán acudir al juzgado en días posteriores, pero en calidad de testigos, el 'exconseller' de Treball Lluís Franco; el alcalde de Martorell y presidente de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, y directivos de las empresas Cirsa, Seat y Grupo Sesé.

Para tener todo el material, la jueza ha requerido al Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de Hacienda, que trascriba conversaciones telefónicas mantenidas entre Oriol Pujol y su amigo y consultor Alsina, así como otras de este último con directivos de las empresas que contrató para las operaciones que están ahora bajo sospecha.

La togada destaca en su auto que «resultan indicios bastantes» para considerar que, entre junio y septiembre del 2008 y entre el último trimestre del 2010 y marzo del 2012, Alsina, a través de sus sociedades, fue requerido por diversas empresas para realizar labores de intermediación en operaciones dentro de la comunidad catalana.

LAS INFLUENCIAS / Para esa labor, incide la magistrada, Alsina «contrataba, aparentemente», los servicios de Anna Vidal en concepto de asesoría, pero lo que «realmente se pagaba eran los prestados» por Oriol Pujol», quien «utilizaba sus múltiples influencias políticas en beneficio propio, de su esposa y de su amigo».

El auto sostiene que, de este modo, el empresario «contaba con un indudable apoyo político en el Parlament y el Govern de la Generalitat de Catalunya», a cambio de retribuciones a la esposa del exdiputado por una labor de «asesoramiento ficticia». Pujol, según la jueza, no solo habló con empresarios, sino que les facilitó el acceso al 'president' de la Generalitat, al director de la Agencia Tributaria catalana y a altos cargos de la Conselleria de Indústria, coordinando «llamadas y actuaciones».

El TSJC, por su parte,  ha comunicado que solo se han podido transcribir parcialmente anteriores declaraciones judiciales de Oriol Pujol y su esposa por la «mala calidad del audio grabado».