La jueza del 'caso ERE' abre diligencias previas contra Chaves y Griñán

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha acordado formar una pieza separada del 'caso ERE' con el procedimiento específico implantado en la Junta de Andalucía para dar las ayudas irregulares al margen de cualquier control. Esta nueva pieza afecta a 52 exaltos cargos públicos de la Junta, entre ellos los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio GriñánManuel ChavesJosé Antonio Griñán, así como vario exconsejeros regionales de Economía, Hacienda, Innovación o Empleo.

Se trata de una de las líneas de investigación más avanzadas de la macrocausa de los ERE fraudulentos, por lo que Nuñez Bolaños mantiene la tesis que este tipo de diligencias pueden desgajarse de la pieza principal --con cientos de miles de folios de sumario y más de 260 imputados-- para terminar de cerrar los flecos que les quedan y pasar, si finalmente se estima oportuno, al procedimiento judicial. Una tesis compartida por la Fiscalía y el Tribunal Supremo, que han alentado a lo largo de los cinco años de investigación esta subdivisión para poder ir avanzando y dar agilidad a la macrocausa. Ya en su anterior auto, la jueza recordó que sobre esta cuestión "existe un criterio sólido" no solo en cuanto a la posibilidad de "su enjuiciamiento separado sino en cuanto a la calificación jurídica de los hechos", por lo que se unirán a esta pieza separada íntegramente tanto la pieza de los aforados del TS como del TSJA.

PREVARICACIÓN CONTINUADA

Según han confirmado fuentes judiciales, la juez ha incoado estas diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada ante "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación". Los hechos investigados serían relativos a la participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico de "transferencias de financiación", un mecanismo utilizado habitualmente por las administraciones para equilibrar las cuentas de los entes públicos y que se usó en la Junta de Andalucía, según mantenía la anterior jueza instructora Mercedes Alaya, para dar ayudas a las empresas (subvenciones) "por razones sociolaborales y por otros motivos diversos" con total discrecionalidad y evitando cualquier fiscalización.

En el auto se señala que de los hechos reseñados pudieran ser penalmente responsables 52 personas, entre las que se encuentran todos los que fueron aforados en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

FIANZAS ANULADAS

Por otra parte, la Audiencia de Sevilla ha dado a conocer este lunes una sentencia en la que anula las fianzas por valor de 12,1 millones de euros impuestas por la anterior instructora, Mercedes Alaya, a siete imputados en el 'caso ERE', entre ellos el exconsejero andaluz de Innovación Martín Soler (al que se impuso una cuantía de 4 millones de euros), el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez (3,4 millones), o el presidente de Unicaja Braulio Medel (que debía hacer frente a unos 483.000 euros).

Los magistrados de la Sección Séptima, la misma sala en la que ya tiene su plaza Alaya, rectifican la decisión adoptada en aquel momento por la entonces instructora, que fijó las cantidades de la responsabilidad pecuniaria "a un tanto alzado", calculando una cifra similar por cada ayuda que concedieron. Un planteamiento que, en opinión de los magistrados, "desvincula la medida cautelar real de su finalidad, que no es otra que asegurar la reparación del daño causado con la presunta conducta delictiva en la que haya participado cada imputado". Así, entienden que al ser cada ayuda de una cuantía diferente no se puede computar cada una con la misma cantidad a la hora de fijar las fianzas.