Un 'procés' en suspenso permanente

El suspense ha acompañado desde el principio al proceso soberanista. Tanto por la falta de certezas sobre cómo hacer realidad la hoja de ruta como por la sucesión de recursos e impugnaciones, promovidos por el Gobierno central y ejecutados por los tribunales, ante cada paso que han ido dando la Generalitat y el Parlament. La imagen de un 'expresident' en el banquillo de los acusados es la guinda de esta estrategia de judicialización del 'procés'.

{"zeta-legacy-image-100":{"imageSrc":"https:\/\/estaticos.elperiodico.com\/resources\/jpg\/2\/1\/1486145968712.jpg","author":"CARLOS MONTA\u00d1\u00c9S","footer":"Joan Herrera, Artur Mas y Oriol Junqueras, tras la aprobaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de soberan\u00eda, el 23 de enero del 2013."}}

DECLARACIÓN DE SOBERANÍA

La resolución aprobada en el Parlament el 23 de enero del 2013, que declaraba la soberanía de Catalunya como "sujeto político", tardó dos semanas en ser recurrida por el Ejecutivo del PP y cuatro meses en ser suspendida por el Tribunal Constitucional. La sentencia llegó en marzo del 2014 y, aunque el texto fue anulado, el TC reconoció el "derecho a decidir de los ciudadanos de Catalunya", instando a una reforma constitucional para ejercerlo.

{"zeta-legacy-image-100":{"imageSrc":"https:\/\/estaticos.elperiodico.com\/resources\/jpg\/9\/4\/1486146089249.jpg","author":"RUB\u00c9N MORENO","footer":"Decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre del 2014, firmado por Artur Mas."}}

CONSULTA DEL 9-N

El 27 de septiembre del 2014, un sábado, Artur Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta que debía celebrarse el 9 de noviembre siguiente. En este caso la respuesta fue veloz. La misma mañana del decreto, el Gobierno activó la maquinaria para impugnar la votación. El Consejo de Estado se reunió al día siguiente, domingo, para elaborar el informe que permitió al Consejo de Ministros, convocado de manera extraordinaria el lunes por la mañana, recurrir la consulta ante el Tribunal Constitucional, que ese mismo lunes por la tarde la suspendió.

Pasado el sucedáneo de consulta, la Fiscalía General del Estado ordenó a la fiscalía catalana, en contra de la postura inicial de esta última, querellarse contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. El Tribunal Supremo haría lo propio con Francesc Homs, en su condición de aforado.

{"zeta-legacy-image-100":{"imageSrc":"https:\/\/estaticos.elperiodico.com\/resources\/jpg\/2\/4\/1486145968742.jpg","author":"ELISENDA PONS","footer":"Sede de la Ag\u00e8ncia Tribut\u00e0ria de Catalunya, en la calle de Fontanella de Barcelona."}}

HACIENDA PROPIA

El Gobierno puso la proa a la estructuras de Estado en junio del 2015 impugnando, entre otras disposiciones, la creación de una agencia tributaria catalana, que fue declarada inconstitucional un año después.

{"zeta-legacy-image-100":{"imageSrc":"https:\/\/estaticos.elperiodico.com\/resources\/jpg\/6\/4\/1372269493646.jpg","author":"JULIO CARB\u00d3","footer":"Carles Viver Pi-Sunyer."}}

CARLES VIVER PI-SUNYER

El decreto de creación del comisionado para la transición nacional lleva suspendido desde julio del 2015. El cargo, que dejó de existir tras las elecciones "plebiscitarias" del 27-S, lo ocupó el actual director del Institut d’Estudis de l’Autogovern, Carles Viver Pi-Sunyer.

{"zeta-legacy-image-100":{"imageSrc":"https:\/\/estaticos.elperiodico.com\/resources\/jpg\/7\/7\/1466760306277.jpg","author":"JUAN MANUEL PRATS","footer":"Ra\u00fcl Romeva, 'conseller' de Afers i Relacions Institucionals, Exteriors i Transpar\u00e8ncia."}}

RAÜL ROMEVA

En febrero del 2016, el TC suspendió las competencias de la Conselleria d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. La primera reacción del departamento que dirige Raül Romeva fue rebautizarse como Conselleria d’Afers i Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència, en un intento de driblar la impugnación. En julio el TC avaló las atribuciones si no vulneraban competencias estatales.

{"zeta-legacy-image-100":{"imageSrc":"https:\/\/estaticos.elperiodico.com\/resources\/jpg\/6\/7\/1486145968776.jpg","author":"FERRAN SENDRA","footer":"Los diputados del PPC exhiben 'senyeras' y rojigualdas tras la aprobaci\u00f3n del proceso de \"desconexi\u00f3n\", el 9 de noviembre del 2015."}}

DESCONEXIÓN UNILATERAL

Un año después de la consulta, el 9-N del 2015, un Parlament dividido en dos refrendó el inicio del proceso de "desconexión", en un pleno que Ciudadanos, PSC y PP intentaron frenar. La resolución apenas tuvo un mes de vida.

{"zeta-legacy-image-100":{"imageSrc":"https:\/\/estaticos.elperiodico.com\/resources\/jpg\/8\/2\/1486145968728.jpg","author":"DANNY CAMINAL","footer":"Carme Forcadell, durante el pleno en que se votaron las conclusiones de la comisi\u00f3n del 'proc\u00e9s', el 27 de julio del 2016."}}

COMISIÓN DEL 'PROCÉS'

El pulso se enconó con la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del 'procés', el 27 de julio del 2016. Junts pel Sí y la CUP desoyeron el aviso del TC de que la votación era ilegal al derivar de la declaración anulada. El 6 de octubre, el Constitucional instó a la fiscalía a investigar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por desobediencia. La querella sigue su curso. Ese mismo día, la Cámara catalana activó la cuenta atrás hacia el referéndum. Suma y sigue.