La infanta consigna en el juzgado los 587.413 euros de la fianza

Pese a mantener su inocencia, la infanta Cristina depositó ayer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma los 587.413 euros de responsabilidad civil que le reclama la Fiscalía Anticorrupción en el caso Nóos. El trámite se cumplimentó a través de la procuradora, quien pasada la una de la tarde registró en el juzgado un escrito comunicando la consignación del dinero ad cautelam; es decir, de forma cautelar.

Dicha consignación, realizada sin que haya habido pronunciamiento judicial, solo se ejecutará en el caso de que su marido, Iñaki Urdangarin, fuera condenado y a ella se le acabara imponiendo la responsabilidad civil como beneficiaria a título lucrativo de negocios ilícitos.

En su escrito de acusación, el fiscal Pedro Horrach estimó en 837.638 euros la cantidad desviada de negocios ilícitos del Instituto Nóos hacia Aizoon, la empresa patrimonial de los duques de Palma. Además, considera que Urdangarin utilizó la sociedad familiar para declarar ingresos profesionales y defraudar así al fisco 182.005 euros en el 2007 y 155.138 en el 2008. De ahí los casi 600.000 euros que le reclama a la hermana del Rey como titular del 50% de Aizoon. La Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, rebaja la reclamación de la fianza civil a 168.571 euros, ya que solo le computa la mitad que le corresponde de la defraudación de su marido al fisco.

ACCIÓN VOLUNTARIA / El paso dado por la infanta no significa reconocimiento de culpa ni tampoco un cambio sustancial en su situación judicial. Su gesto voluntario será tenido en cuenta en el auto de apertura de juicio oral que ultima el juez José Castro y que, si nada se tuerce, podría tener listo antes de Navidad.

En los miles de folios que le han remitido las distintas acusaciones, se plantean dos escenarios para la hermana del Rey: que se le reclame responsabilidad civil a título lucrativo porque se benefició de unos negocios ilícitos cuyo origen desconocía, como pide la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, o que además se le reclame castigo penal como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales, como sostiene la acusación popular Manos Limpias, que pide ocho años de cárcel.

POSIBLE REBAJA DE LA PETICIÓN DE PENA / La entrega de la fianza en nada afecta a la cuestión penal, aunque la acusación popular, a la vista del gesto de la hermana del Rey, podría rebajar de ocho a seis la petición de años de cárcel, ya que se situó en la franja alta a la hora de solicitar la pena.

En paralelo a la consignación de la fianza, la defensa de la infanta mantiene la petición de archivo y, en último extremo, solicita la aplicación de la doctrina Botín, según la cual la hermana del Rey el juez no iría a juicio porque solo lo pediría la acusación popular. La Audiencia Provincial de Palma se pronunció en noviembre al respecto y vio un matiz para no aplicarla y es que en el caso del banquero ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado veían delito fiscal y aquí sí, solo que difieren en las personas responsables.