Griñán, el primer expresidente andaluz que se sienta ante un juez

Cuando en agosto de 2013 José Antonio Griñán formalizó su renuncia a la presidencia de la Junta de Andalucía en un intento de apartar el escándalo de los ERE fraudulentos de la gestión de la institución, poco imaginaba que se convertiría en el primer mandatario andaluz que acabaría sentado ante un juez. La instructora del caso apuntó a la cúpula del Ejecutivo regional como responsable del sistema que amparó el fraude, y esta semana esos dirigentes empiezan a dar explicaciones en los tribunales en calidad de imputados.

El Tribunal Supremo conoce la causa desde el pasado mes de noviembre, tras considerar en una "valoración muy provisional" indicios razonables de hechos delictivos en la prolija exposición razonada que le remitió en verano la juez instructora Mercedes Alaya. Culminaban así cuatro años de una investigación que la propia juez definió como una "pirámide" en busca de la responsabilidad última de poner en marcha un sistema inadecuado para el pago de ayudas que, al carecer de fiscalización, permitió fraudes como la inclusión de intrusos en las prejubilaciones, el cobro de comisiones millonarias por parte de los mediadores o la concesión de ayudas directas a empresas que siquiera las pedían.

Griñán es el primer presidente andaluz que debe comparecer ante un tribunal por este escándalo, aunque otros mandatarios regionales ostentan el dudoso honor de haber llegado incluso a juicio, como el valenciano Francisco Camps. Se trata de una comparecencia voluntaria con la intención de disipar dudas y que haga innecesario que el Tribunal Supremo –órgano ante el que comparece dada su condición de senador y, por tanto, aforado—reclame un Suplicatorio. No obstante, al hacer esa petición aceptaron implícitamente la condición de imputados. Según apuntó Alaya en su exposición razonada, sería responsable de los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La juez instructora considera que tanto Griñán como el resto de altos cargos andaluces implicados habrían participado en "la instauración y mantenimiento" del procedimiento irregular para conceder ayudas discrecionales y al margen de controles. Un procedimiento que, concluye, era "imposible que desconocieran" a tenor de las responsabilidades de sus cargos, y que considera que fue una decisión "política" para eludir expresamente la fiscalización y poder así pagar de forma "absolutamente libérrima" a empresas y personas afines a sindicatos y PSOE.

La juez subrayaba en el escrito remitido al Supremo su extrañeza acerca de que el Ejecutivo desoyera los avisos "hasta la saciedad" de la Intervención general de la Junta de Andalucía alertando del uso de un procedimiento inadecuado. Y carga las tintas especialmente contra los responsables de Hacienda (cargo que ocupó Griñán entre 2004 y 2009) por no discutir pagos sin apenas justificación que provocaban importantes modificaciones presupuestarias al margen del control de la Intervención y no indagaran sobre ellos.   

En este sentido, el expresidente Griñán explicó en la comisión de investigación que se celebró en el Parlamento andaluz en el 2012 que la Intervención nunca reclamó su actuación como consejero de Hacienda ante presuntas irregularidades, y que como ya dijo el martes el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, todo se reduce al mal uso de ese procedimiento por parte de la Dirección General de Empleo, que encabezaba Javier Guerrero.

En su intervención en dicha comisión aseguró que el interventor se limitó a considerar el procedimiento inadecuado, pero no ilegal. "Discrepancias de procedimiento", argumentó el entonces presidente, que lleva ante el Supremo un peritaje de expertos universitarios para avalar el uso de ese procedimiento y garantizar que la inmensa mayoría de los beneficiarios de las pólizas de prejubilación tenían derecho a ellas.

En la comisión también aseguró que el interventor "nunca dijo que se detectó fraude o menoscabo de fondos públicos", y que a él como consejero de Hacienda en ningún momento le llegó informe alguno alertando de irregularidades porque el interventor "no los vio". "No diga que la Intervención detectó fuego, porque si lo hubiera detectado, tendría que haberlo apagado", respondió a un parlamentario.