«Gesto de desarme»

El grupo de verificadores internacionales que desarrolla labores de mediación con ETA prevé anunciar el próximo viernes «un gesto de desarme» por parte de la banda. Fuentes de la lucha antiterrorista revelaron que la cúpula etarra habría tomado esta decisión unilateral en cumplimiento de la estrategia de promover una «vía vasca» para «superar el conflicto» y en un intento de romper el «inmovilismo» de los gobiernos español y francés.

Las citadas fuentes confirmaron a Efe que la denominada Comisión Internacional de Verificación, que dirige Ram Manikkalingam, visitará Euskadi tras haber logrado contactar con ETA, cuya dirección les habría transmitido el compromiso de realizar un gesto de desarme, cuyo alcance se desconoce. De confirmarse esta decisión, supondría un aval a los intentos del Gobierno vasco de preparar una salida al terrorismo desde Euskadi, para lo que el lendakari, Iñigo Urkullu, demandó a ETA como condición previa un «compromiso inmediato de desarme». Por su parte, los verificadores internacionales podrían considerar finalmente justificada su labor, después de que el año pasado estuvieran a punto de disolverse al fracasar las reuniones previstas en Oslo con los miembros de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera; David Pla, e Iratxe Sorzabal.

Denuncia en La Haya

Entretanto, una representación del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) presentó ayer ante la fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), en La Haya, una petición para que investigue a tres dirigentes de Batasuna (entre ellos, Arnaldo Otegi) y ocho destacados miembros de ETA por «crímenes de lesa humanidad».

«La justicia en España deja muchísimo que desear», aseguró la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, para justificar su decisión de recurrir al tribunal internacional. La asociación considera que los crímenes de ETA se ajustan al criterio que el Estatuto de Roma del TPI fijó para los crímenes de lesa humanidad -se cometieron «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil», asegura Covite- y por ello la justicia española debería haber cambiado la calificación de los delitos cuando en junio del 2002 ratificó el citado Estatuto. El colectivo de víctimas sostiene que si el tribunal internacional calificara los crímenes de ETA como de lesa humanidad, ello cerraría la puerta a una posible negociación con la banda, porque los delitos no prescribirían y deberían ser investigados en cualquier circunstancia.

Los 11 acusados por Covite ente el tribunal de La Haya son los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena, y los integrantes de la banda terrorista Josu Ternera; José Luis Eciolaza, Dienteputo; Tomás Elorriaga, Teo; Juan Cruz Maiztegui; Eusebio Arzallus; Rafael Santiago Azcolain; Iratxe Sorzabal, y David Pla. Todos ellos son señalados como «dirigentes de la organización ETA-Batasuna».

Portavoces de diversas asociaciones judiciales consultados por Efe consideraron que es muy difícil que el TPI acepte la petición de Covite, dado que España ya investiga los delitos relacionados con ETA a través de la Audiencia Nacional.