Anticorrupción pide 17 millones de euros en fianzas para los hermanos Ruiz-Mateos por el 'caso ERE'

Los vástagos señalan al empresario jerezano como responsable último de todas las operaciones

JULIA CAMACHO / Sevilla

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Los hermanos Javier Pablo Ruiz-Mateos, responsables del grupo Nueva Rumasa han quedado este viernes imputados por un delito de malversación en la causa de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía por la tramitación irregular de las prejubilaciones en el Hotel Cervantes en Torremolinos (Málaga), entre las que se detectaron dos 'intrusos' y en las que intervino supuestamente el conseguidor y pieza clave de la trama Juan Lanzas. Anticorrupción ha pedido para cada uno de los hermanos una fianza por responsabilidad civil de 8,5 millones de euros.

La jueza instructora del caso, Mercedes Alaya, sostiene que Nueva Rumasa pagó más de un millón de euros en comisiones al exsindicalista Juan Lanzas por conseguir y tramitar cinco ERE para el grupo. El mediador habría recibido, según consta en los atestados de la Guardia Civil, hasta 600.000 euros por cada expediente, cantidad que habría recibido cada pocas semanas repartida en sobres de entre 20.000 y 25.000 euros.

Según fuentes , Javier Ruiz-Mateos, coordinador de los pagos del grupo Nueva Rumasa, ha explicado que Lanzas era un colaborador más de la empresa familiar que proponía negocios como la adquisición de inmuebles o empresas en problemas para su posterior venta, pero lo ha desvinculado de la tramitación de los ERE. Así, ha matizado que le pagaron por diversas operaciones en las que intervino, pero no por las prejubilaciones.

El progenitor supervisaba todo

Tanto Javier como su hermano Pablo han señalado a lo largo del interrogatorio realizado esta mañana a su progenitor, el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, del que han apuntado que se encargaba en última instancia de supervisar todas las gestiones del grupo Nueva Rumasa, lo que podría abrir la puerta a una futura implicación del cabeza de familia. Pablo Ruiz-Mateos, encargado de la división hotelera del grupo, ha rechazado también conocer a Juan Lanzas.

Tras su declaración, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado sendas fianzas por responsabilidad civil de 8,5 millones de euros, cantidad equivalente al valor de las pólizas de prejubilación (6,4 millones de euros) más el tercio legal. El interrogatorio a los hermanos Ruiz-Mateos cierra las indagaciones sobre el Hotel Cervantes, que se han prolongado durante dos semanas. El último en declarar fue el pasado miércoles el director del hotel, quien negó la inclusión en las prejubilaciones de dos personas ajenas a la empresa. También rechazó haber sido intermediario en los pagos de comisiones a Lanzas, al que vio en apenas dos ocasiones aunque, reconoció, pasaba sus vacaciones de agosto de forma gratuita en el establecimiento por orden del propio Ruiz Mateos.