El fiscal mantiene la acusación contra un extesorero de CDC por el 'caso del Palau'

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha presentado en el juzgado que investiga el saqueo del Palau de la Música en la época de Fèlix Millet un nuevo escrito de acusación en el que mantiene la petición de siete años y medio de prisión y multa de 20 millones de euros para el extesorero de CDC Daniel Osàcar por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de blanqueo de capitales, según fuentes jurídicas. La única modificación efectuada respecto a la calificación que entregó en octubre del 2013 es la exclusión como acusado del exdiputado de CiU, Jaume Camps, a quien la Audiencia de Barcelona  exoneró de responsabilidad penal por la prescripción del delito y para quien exigía un año y medio de prisión por tráfico de influencias.

Para los que fueran  máximos responsables de la entidad cultural, Fèlix Millet y Jordi Montull, reclama 27 años y medio de prisión para cada uno por malversación de fondos, falsedad documental, apropiación indebida y fraude fiscal, y para la hija del segundo, Gemma, 26 años. Además, pide decomisar a CDC 6,6 millones de euros.Los directivos de la constructora Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, se enfrentan a cuatro años y medio de prisión. Para otros 10 acusados, las penas que reclama la acusación pública van de los tres años para los empresarios que participaron en el presuntos saqueo de la entidad a ocho años y seis meses de cárcel para la exdirectora general de la entidad cultural Rosa Garicano. 

EL ACUERDO

Además de detallar los mecanismos por los que Millet y Montull se apropiaron de fondos del Palau para su beneficio particular, la acusación pública detalla el acuerdo fraguado por los directivos de Ferrovial para que entre 1999 y el 2009 esta constructora, a través de la entidad y patrocinios supuestamente falsos, pagara comisiones por valor de 6,6 millones de euros a CDC». A su entender, se trataba de garantizar una actitud proclive a Ferrovial que se materializó en resoluciones favorables a dicha empresa en la concesión de obras públicas como la Ciutat de la Justícia o la línea 9 de metro. En la organización de este mecanismo participó, como mínimo, el extesorero de CDC fallecido en el 2005, Carles Torrents, y, posteriormente, su sucesor, Daniel Osàcar.