La Diputación de Barcelona crea una partida contra la pobreza
La Diputación de Barcelona, que este viernes ha presentado su plan de actuación para el mandato 2016-2019, ha anunciado que destinará una partida extra de 15 millones de euros para hacer frente a la pobreza energética y a la llamada emergencia habitacional frente al "bloqueo" del Tribunal Constitucional (TC). De esta manera se intenta responder a la suspensión por parte del alto tribunal de una parte de la ley de pobreza, ley de pobreza concretamente la que buscaba frenar los deshaucios. La decisión de este organismo estuvo motivada por el recurso que presentó el Ejecutivo central. La Generalitat y los consistorios del área metropolitana han respondido unidos ante lo que consideran un agravio por parte del Gobierno del PP y están buscando fórmulas legislativas y económicas para sortear la decisión del TC.
"Los retos sociales nos interpelan y no podemos decir a los ciudadanos que el Constitucional ha suspendido unas competencias o discutirnos con otros niveles administrativos para atender una situación que es de urgencia absoluta", ha argumentado la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, durante la presentación del plan.
Conesa ha asegurado que la Diputación de Barcelona sigue trabajando pese a este bloqueo del Constitucional y que su propósito es actuar de forma consensuada con el resto de los partidos políticos de la entidad municipalista, ya que, en su opinión, no puede haber excusas ante la pobreza energética y la emergencia habitacional.
LOS EJES DEL PLAN
El Plan de Actuación 2016-2019 presentado ante alcaldes de los 311 municipios de la provincia de Barcelona, presidentes de los consejos comarcales y diputados de la corporación, está basado en seis grandes ejes.
Entre ellos, facilitar el establecimiento de un modelo territorial equilibrado y sostenible, impulsar la estructura productiva local y el fomento del empleo o promover la cultura, la educación y el deporte como herramientas de progresos y de cohesión.
Otros tres grandes ámbitos son el del fomento de las políticas sociales orientadas a la cohesión y la reducción de las desigualdades, la consolidación una administración pública transparente y profesional al servicio de los gobiernos locales y la ciudadanía y finalmente contribuir activamente al proceso de transición nacional apostando por una administración local que tenga garantizadas la autonomía y la suficiencia financiera.
Para ello, la presidenta de la Diputación de Barcelona ha asegurado que se hará "más inversión en el territorio y más atención a las personas", y con una administración que quiere que sea protagonista del "proceso de construcción de un nuevo país que estamos viviendo".
Estos seis ejes, que se traducen en "cien líneas de actuación", pretenden demostrar la apuesta de la diputación por dar una respuesta transversal a los retos sociales, económicos y territoriales con proyectos "estratégicos", con el objetivo de conectar los recursos con las necesidades de los municipios.
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