La jueza de los ERE imputa al exinterventor de la Junta por prevaricación y malversación

La jueza instructora delcaso de los EREfraudulentos pagados con dinero público ha imputado al exinterventor general de laJunta de Andalucía Manuel Gómezpor sendos delitos continuados demalversaciónde fondos públicos yprevaricación, según fuentes judiciales. Gómez ha sido recibido en los juzgados por un grupo de ciudadanos que le ha vitoreado al grito de "¡valiente!" y "¡que lo cuente todo!".

La declaración del que fuera interventor general de la Junta entre el 2000 y el 2010 ha empezado con casi una hora y media de retraso, y continuaba a las 14 horas, aunque se prevé que sea una comparecencia larga. Según ha trascendido, Gómez ha ratificado ladeclaraciónque bajo juramento hizo el verano pasado en la comisión de investigación delParlamento andaluz.

En ella, explicó que alertó hasta en quince ocasiones de que el sistema empleado para la concesión de ayudas a empresas en crisis, denominado transferencia de financiación, no era ilegal pero sí indebido, aunque no pudo confirmar que se implantara con el objetivo de esquivar los controles de fiscalización. Sin embargo, ninguna de las consejerías a las que trasladó sus advertencias (Empleo, Innovación y Hacienda) tomó medidas.

También ha corroborado las acusaciones que realizó en sendas cartas remitidas a un medio de comunicación y al presidente del Parlamento tras el cierre de la comisión de investigación. Goméz fue más tajante que en su comparecencia y acusaba directamente a los responsables de Hacienda, el consejero y actual presidente de la JuntaJosé Antonio Griñány su viceconsejeraCarmen Martínez Aguayo --actual responsable del departamento--, de haber "cebado" la partida presupuestaria de las ayudas con sucesivas modificaciones presupuestarias, lo que hizo que la dotación inicial de 641 millones se incrementara hasta los 721 millones.

Comparecencia crucial

El exinterventor de la Junta, que se une a los 93 imputados en el caso de los ERE, ha llegado al edificio de los juzgados acompañado por su abogado y no ha querido hacer declaraciones, aunque las hará al término de su comparecencia. Su declaración se prevé crucial porque puede dar a la juezaMercedes Alayael sostén necesario para cerrar flecos e implicar a los altos cargos públicos todavía aforados que conocieron el uso indebido que se estaba haciendo del programa de ayudas a empresas en crisis.

Y es que precisamente por conocer y validar ese mecanismo en los presupuestos autonómicos de la pasada década, es por lo que Alaya imputa a la exconsejera de Economía y HaciendaMagdalena Álvarez, antecesora en ese cargo de Griñán. Según explicó la entonces viceconsejera Martínez Aguayo, ella recibió los avisos pero no los trasladó a su jefe al no considerarlos importantes.

Alerta roja

El interventor insistió en que aunque no se trataron de informes de actuación, una especie de alerta roja que hubiera provocado una acción inmediata, eran lo suficientemente claros y contundentes para que se tomasen medidas. "Si su vecino le advierte a voces por la ventana de que salen llamas por el extractor de humos de su cocina, ¿usted qué haría?, ¿llamaría inmediatamente a los bomberos para evitar una probable catástrofe o esperaría a que su vecino le confirmase la noticia por carta o por correo electrónico?", sintetizó para explicar la pasividad de los altos cargos, y en especial de Griñán.

Sin embargo, cuando la comisión de investigación se cerró en falso sin depurar responsabilidades políticas más allá del exdirector de EmpleoJavier Guerreroy afeó la falta de vigilancia del interventor, este se revolvió y remitió una dura misiva al presidente de la Cámara regional en la que directamente señaló al todavía presidente autonómico, responsable de "cebar sin descanso la corrupta partida de los ERE" mediante modificaciones presupuestarias.

Nido de corrupción

A su juicio, "hubiera bastado una orden verbal" del exconsejero de Hacienda para "haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubiera voluntad de hacerlo". Gómez criticó además que la comisión parlamentaria terminase usando a los técnicos y empleados públicos "como pantalla tras la que esconder las vergüenzas de políticos corruptos de la peor especie". Unas graves acusaciones que, de ratificarlas en sede judicial, podrían llevar a la juez a remitir el caso al Supremo para solicitar los aforamientos.

La Junta ya ha señalado en varias ocasiones que no teme la declaración del que fuera su antiguo trabajador. "Puede contribuir a aclarar muchas cosas si va en el mismo sentido que en la comisión de investigación, donde bajo juramento dijo, además, que no hubo menoscabo de fondos públicos", señaló el pasado martes el portavoz del Ejecutivo,Miguel Ángel Vázquez.

El propio Griñán ya señaló con anterioridad que los informes no iban destinados a que actuara, sino solo para su conocimiento, y que la responsabilidad era de Empleo. Y además de cuestionar la imputación de Álvarez y otros altos cargos, ayer mismo repitió que no hay motivos para involucrarle. Todo lo contrario de lo que opina el PP, que insiste en que el presidente se enfrenta a un momento "histórico" y "grave".