Dani Fernández y Bustos se enfrentan a dos años de cárcel

el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo solicita dos años de prisión para el diputado del PSC Daniel Fernández; el excalcalde de Sabadell Manuel Bustos y su hermano Francisco, y la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, por presunto tráfico de influencias. Todos están imputados en una rama del caso Mercuri por amañar presuntamente la contratación por parte del Ayuntamiento de Montcada i Reixac de una exalto cargo del tripartito.

El ministerio público pide, además, para cada uno de ellos una multa de 108.000 euros e inhabilitación de seis años para ejercer un cargo público. Para la alcaldesa de Montcada i Reixac reclama también otra multa de 3.600 euros y dos años más de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.

LA ILEGALIDAD / En su escrito de acusación, el fiscal relata las gestiones llevadas a cabo, reuniones en la sede del PSC, situada en la calle Nicaragua, y conversaciones telefónicas entre los imputados para colocar supuestamente en el consistorio a Carmina Llumà, pareja del jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Sabadell y exalto cargo de la Conselleria de Política Territorial en la etapa del tripartito. Según el ministerio público, todos ellos utilizaron sus respectivos cargos, «sabiendo de la ilegalidad» que ello suponía, para «el nombramiento de Carmina Llumà como directora del Área Territorial del Ayuntamiento de Montcada i Reixac, modificando los criterios de de selección, en detrimento de la otra candidata, Meritxell Vargas Sardà».

Al concurso público para fichar al director del área territorial de Montcada, convocado en abril del 2012, se presentaron cinco aspirantes, entre ellos Llumà, que acabó siendo considerada no apta en mayo por la empresa de selección de personal, al no superar unas pruebas psicotécnicas y de idoneidad. Según el fiscal, al enterarse de que Llumà había sido descartada para la plaza, Manuel Bustos buscó la «preponderancia y valimiento» de Fernández y le comunicó los problemas que había en Montcada para conseguir el fichaje de la excargo de la Generalitat.

Tras destaparse el caso, Fernández dimitió como secretario de organización del PSC pero mantuvo su acta como diputado en el Parlament. El exdirigente socialista siempre ha defendido su inocencia y en más de una ocasión ha argumentado que «dar la opinión, si te la piden, sobre un cargo de confianza» no puede ser considerado como tráfico de influencias. Fernández se ha comprometido a renunciar a su sueldo de parlamentario cuando se decrete la apertura de juicio. H