El Gobierno asume que tendrá que trabajar para reformar la Constitución en esta legislatura

La vicepresidenta, ministra de la Presidencia y de Asuntos Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, dio por hecho este jueves que se van a iniciar oficialmente los «trabajos» en el Congreso sobre una posible reforma constitucional que reclama la mayoría de la Cámara. No dio detalles ni del cómo ni del cuándo, pero sí reclamó «prudencia» y ahínco en la búsqueda de amplios consensos para no «malograr» lo conseguido por otros políticos hace 40 años. "El gran éxito de nuestra Constitución es que sin ser exclusivamente de nadie ha sabido cobijar a todos, a diferencias de las constituciones del siglo XIX que eran partidistas y estaban orientadas a no perdurar –recalcó-.  La nuestra, sin gustar completamente a nadie, nos reunió a todos. Ahora, si el consenso y búsqueda de concordia guía nuestros trabajos (dando por hecho que se van a producir, aunque sin dar detalles aún del formato) acertaremos. Acertaremos si lo hacemos con prudencia y con consenso".

La oposición le echó en cara que se haya esperado tanto tiempo y que ahora el Ejecutivo popular no desvele en qué está pensando, más allá de subrayar constantemente las diferencias entre lo que quieren unos partidos y otros para advertir sobre lo arduo de la tarea que se avecina, dado que no hay consenso «de salida». Santamaría, además, confirmó que al Gobierno le preocupa, como publicó el martes este diario, que se puedan aprobar reformas parciales (para reducir los aforados como pide Ciudadanos, por ejemplo) y que por no contar con un consenso amplísimo puedan forzarse referéndums porque lo pidan un grupo de diputados o senadores.

El portavoz del PSOE en la comisión constitucional, Gregorio Cámara, anunció que los socialistas se disponen a registrar una iniciativa para crear, «de inmediato», una subcomisión en la que iniciar los trabajos de reforma, añadiendo que su partido apostará por una actualización en clave federal. Por lo escuchado a los distintos partidos, puede darse prácticamente por cierto que esa subcomisión tendrá apoyo suficiente de otros diputados, vote lo que vote el PP, para ver la luz y comenzar a darles vuelta a una reforma de calado.

CATALUNYA DE FONDO

Cámara, como también hizo el portavoz de En Comù Podem, Xavi Domènech (el portavoz de Unidos Podemos, que es Pablo Iglesias, se saltó esta cita por tener, supuestamente, otras obligaciones que atender y no tuvo sustituto), reclamó que se busquen en el Parlamento, y no en los tribunales, soluciones al conflicto con Catalunya Catalunya. Concretamente Domènech apostó por un «proceso constituyente»; el reconocimiento del derecho a decidir y de España como «un país de paises». Desde Ciudadanos, Albert Rivera, que es la voz de su grupo en esta comisión, exigió «valentía» para modernizar la Constitución y clarificar competencias entre Administraciones, además de dejar constancia en la ley fundamental de lo que deben ser los principios rectores de la reforma de financiación –punto que comparte con el PSOE– y aprovechar para dar nuevo aire a la ley electoral o introducir medidas anticorrupción. Francesc Homs, del PDC, avisó que los catalanes quieren votar y puso en duda la capacidad de diálogo del equipo de Rajoy, mientras que la diputada de ERC, Ester Capella, insistió en que lo que seguro habrá será «referéndum o referéndum».

CARTA DE RAJOY

Además de en el capítulo de posible reforma constitucional, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría también se detuvo a hablar sobre la Conferencia de Presidentes: aprovechó su paso por la comisión constitucional para apuntar que en los próximos días Mariano Rajoy va a remitir una carta a todos los presidentes autonómicos y convocarles en las próximas semanas. "Hemos decidido que marque el curso en enero de 2017", subrayó, relatando que ya ha habido contactos informales con casi todas las administraciones para poner en marcha los preparativos y que hay coincidencia en que, para que resulte operativa dicha conferencia, hay que restarle protocolo y darle más peso político, a fin de que no sea una suma de enumeración de problemas si no un lugar de búsqueda de soluciones.

Precisó que la agenda se irá concretando, pero ella ha propuesto que los presidentes traten temas como la recuperación económica, el empleo, los debates abiertos en la Unión Europea o la financiación y los cambios para garantizar la educación o la sanidad. En todo caso afirmó que también se quiere dar más peso a otros órganos bilaterales y sectoriales para, entre otras cosas, disminuir la legitimidad entre administraciones.

NUEVA LEY DERECHOS EN REDES Y "DEROGACIONES"

Santamaría insistió también desde el inicio de su discurso en que en esta nueva etapa, en la que se “impone” el diálogo como método de trabajo y el “acuerdo” si que quieren lograr cambios, al departamento que ella dirige le corresponde fomentar el entendimiento con los grupos parlamentarios en el Congreso y con las administraciones territoriales. Sobre el Parlamento y la batalla que mantiene con el poder Ejecutivo, que sigue vetando determinadas iniciativas con el argumento de que incrementan el gasto o reducen los ingresos previstos, señaló que la Cortes no pueden ser “adversarias” del Gobierno y mucho menos tratar de sustituirlo.

“El Ejecutivo está dispuesto al diálogo, preparado para el entendimiento y consciente de que se necesitan acuerdos”, ha dicho. Y aprovechando que precisamente estaba compareciendo en el Parlamento, ha anunciado que ya ha encargado al ministerio de Álvaro Nadal que colabore con la comisión constitucional para crear una nueva ley que garantice los derechos y libertades en las redes sociales. “Hasta ahora hemos legislado mucho pero en analógico”, bromeó.

En este contexto, apostó por hacer menos pero mejores leyes, que sean más entendibles y eficaces para la sociedad y ha añadido una coletilla que, por razones obvias, ha levantado algo de murmullo: “y de cuando en cuando derogar alguna”.