Citan como imputado a Hasier Arraiz por pedir un "jaque mate" a la Guardia Civil

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha sido citado como imputado para el próximo día 17 por un delito de injurias contra la Guardia Civil. El dirigente independentista reclamó el 12 de enero del pasado año que la sociedad vasca diera “jaque mate” al instituto armado, en relación con la detención de un grupo de abogados de presos en un operativo policial que se denominó “Operación Mate”.

En una comparecencia pública de urgencia, Arraiz afirmó que la única violencia en Euskadi es “la del Estado español”, y que no hay más "amenaza violenta" que la procedente de la Guardia Civil y el resto de cuerpos "represivos". Por ello, reclamó que todas las Fuerzas de Seguridad del Estado abandonaran Euskal Herria.

Tras aquellas declaraciones, la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia presentó una querella contra Arraiz. En abril de 2015, el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, consideró que existían indicios de un delito contra las instituciones del Estado. Y el pasado mes de enero, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó la recusación de Roberto Sáiz, juez instructor de la causa, que había solicitado Arraiz al considerar que el procesimiento estaba "completamente contaminado" y que se evidenciaba "una animadversión" contra su persona. 

Ahora, el auto del juez instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV muestra su coincidencia con la Fiscalía y señala que los hechos relatados en la querella presentan los caracteres de un delito de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por ello, el magistrado ha reclamado a los servicios de Información de la Guardia Civil y de la Ertzaintza que emitan informes que corroboren la realidad de los hechos denunciados, así como sobre la "reivindicación histórica por parte de la organización terrorista ETA de expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la comunidad autónoma del País Vasco y de la de Navarra".

De la misma forma, el juez les solicita un informe sobre la "persecución y asesinatos” que la Guardia Civil “ha sufrido por parte de dicha banda armada durante los sesenta años de su existencia".