La burocracia deja el 'caso Palau' en un limbo y sin fecha para juicio

El proceso por el saqueo del Palau de la Música en la época en que Félix Millet era su presidente y el presunto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a la antigua CDC, a través de la entidad cultural, está en el limbo desde hace meses. Está encallado y no hay fecha para el juicio, a pesar de que la investigación se inició hace ya siete años y está acabada desde hace dos. Los trámites burocráticos lo están retrasando. Se está a la espera de que las empresas declaradas responsables civiles subsidiarias (se les reclama que devuelvan el dinero) presenten su escrito de defensa. Pero algunas no existen o están en concurso de acreedores, lo que complica la situación.

Este es uno de los casos por presunta financiación irregular de CDC, pero hay otro que se sigue en un juzgado de El Vendrell por supuestos pagos de comisiones, el bautizado ‘caso del 3%’, que está bajo secreto y que provocó que la Guardia Civil registrara el 21 de octubre del 2015 la sede del partido en Barcelona. CDC también está salpicada por el ‘caso Pretoria’, donde históricos dirigentes, como Macià Alavedra, figuran como implicados, y por la investigación sobre la fortuna oculta en Andorra de su fundador, el ‘expresident’ Jordi Pujol, así como por los negocios de su familia.

Las consecuencias judiciales están por ver, pero las políticas son contrastables. La fundación que recibió dinero del Palau cambió de nombre, pasó de llamarse Trias Fargas a CatDem, y el partido decidió este enero no aceptar donaciones de empresas. La refundación y el cambio de nombre tampoco son ajenos a la necesidad de intentar pasar página a todos estos episodios. 

PROCESO TORTUOSO

Hace meses que teóricamente el proceso por el saqueo del Palau está en la recta final, pero no acaba de llegar a la Audiencia de Barcelona, donde debería celebrarse el juicio. Este es otro problema añadido: para ello se necesitan bastantes días y las agendas de los magistrados están saturadas. Uno de los abogados defensores no prevé que se inicie la vista hasta el 2018.

La última alarma saltó el pasado mes de junio por un formulismo procesal. A raíz de la elevada petición de pena de cárcel solicitada contra Millet por la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), la defensa de un investigado pidió al juez que se modificara el procedimiento para enjuiciar a los saqueadores confesos, lo que habría retrasado el caso. Pero la situación se recondujo: la FAVB anunció que rebajaba un poco la petición de pena de cárcel y el proceso no ha sufrido cambios.

Mientras, Millet espera pacientemente en su vivienda de L’Ametlla del Vallés. Casi no sale de la mansión que reformó con el dinero del Palau. Se siente protegido en su finca situada en una colina. Su estado de salud le impide caminar demasiado y su vida solo se ve perturbada cuando tiene que ir al juzgado de Granollers a firmar para dar cuenta de que no se ha fugado. Casi seguro que no olvida que tras el registro de la entidad cultural, el 23 de julio del 2009 (este sábado se han cumplido siete años), la gente lo insultaba por la calle y vio como  unos comensales se levantaban de la mesa de un restaurante para no estar en el mismo local que él.                                                                           

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La confesión, en septiembre del 2009, de Millet y su mano derecha, Jordi Montull, en la que reconocían que se habían apropiado de fondos del Palau para fines particulares y la dilación a la hora de citarlos a declarar (19 de octubre, casi tres meses después del registro) les salvó de pisar la cárcel, pero no del juicio. El desfalco supera con creces al admitido (una auditoría lo cifra en 36 millones). Solo estuvieron 13 días entre rejas, pero por las presuntas irregularidades en la frustrada construcción de un hotel. Se sentaron en el banquillo, la Audiencia de Barcelona les condenó a un año de prisión, pero, al final, el Tribunal Supremo les absolvió.

LAS PETICIONES

En el proceso hay dos partes. Por un lado, el desvío de fondos por parte de Millet y Montull para  su bolsillo, y que sirvieron, por ejemplo, para pagar la reforma de la vivienda del primero o la boda de una de sus hijas. Por otra parte, está el presunto pago de comisiones de Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obras como la línea 9 y la Ciutat de la Justícia.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled reclama siete años y medio de prisión para el extesorero del CDC, Daniel Osácar, y cuatro años y medio para dos directivos de Ferrovial. Y al partido, que tiene 15 sedes embargadas, 6,6 millones por “comisiones ilícitas”. Los que fueran máximos responsables del Palau, Millet y Montull, se enfrentan a una pena de 27 años y medio para cada uno. Y la hija del segundo, a 26 años de cárcel.