La transparencia no pasa las puertas giratorias

"Las puertas giratorias existirán siempre y si no existen es una desgraciapuertas giratorias que la política solo pueda contar con políticos profesionales que no puedan entrar y salir. Se deben definir muy bien las condiciones por las que se entra y se sale de la política tanto por lo que se refiere a los tiempos como a las incompatibilidades ", afirmaba el exministro socialista de Economía, Pedro Solbes, en la comparecencia parlamentaria del miércoles.

Las manifestaciones del exministro ponen de nuevo sobre la mesa la exigencia de ajustar la regulación de las puertas giratorias a las necesidades de los políticos pero también a las expectativas de la ciudadanía. Y, en última instancia, evitar que surjan conflictos de intereses y casos de corrupción cuando un cargo público cesa de su responsabilidad.

Este es un asunto que genera posiciones encontradas. Por un lado, se señala la necesidad de facilitar el tránsito entre la política y el sector privado para poder incorporar en la Administración pública a profesionales con experiencia y evitar la profesionalización de la política. Por otro, se apunta la exigencia de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a las más altas esferas de responsabilidad pública y evitar los favoritismos o abusos.

No se puede ignorar que las puertas giratorias son uno de los principales riesgos para la integridad de los cargos públicos. Éstos pueden recibir presiones de antiguos colegas, quererse ganar el favor de futuros empleadores o utilizar información o contactos adquiridos durante el desarrollo del cargo público.

Por ello es lógico que exista una preocupación social y política por esta cuestión. Sin embargo, por el momento no se ha logrado articular mecanismos suficientes que, facilitando el tránsito entre la política y el sector privado, garanticen la integridad de los cargos públicos y den respuesta a las expectativas de la ciudadanía.

Adopción de códigos éticos

En esta dirección, se deberían impulsar nuevos mecanismos que más allá de la imposibilidad de prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado durante dos años, persigan fortalecer la integridad de los cargos públicos y su compromiso ético. De este modo se evitaría que el paso de la política al sector privado sea visto como una oportunidad para enriquecerse o para abusar de la información o los contactos obtenidos.

A ello pueden contribuir significativamente la adopción de códigos éticos, tanto por las Administraciones públicas como por las empresas privadas, el incremento de la transparencia o la prohibición de usar información en beneficio propio o de terceros. Además  se tendría que publicitar la actividad de los grupos de interés -que con frecuencia contratan a exaltos cargos- y controlar de forma real y efectiva el cumplimiento de estos deberes legales y éticos.