ANÁLISIS
Presupuestos electorales
El objetivo principal del Gobierno es que se aprueben los presupuestos y poder mejorar su imagen de cara al año electoral del 2019
Para entender los presupuestos hay que tener en cuenta tres factores. El primero es que en el 2019 coinciden elecciones autonómicas, municipales y europeas. El segundo es que las encuestas de voto pronostican una subida fuerte de Ciudadanos, que no sufre el desgaste de gobernar grandes ciudades o autonomías, en detrimento de un PP con frentes abiertos por todas partes (desde el conflicto catalán hasta la crisis de Cristina Cifuentes por su máster fantasmaCristina Cifuentes). El tercero es que el Gobierno no tiene los apoyos necesarios para sacar adelante estas cuentas ante la negativa del PNV a otorgarle sus votos mientras se prolongue el 155 en Catalunya.
Estos tres aspectos son necesarios para comprender la vocación de estas cuentas que llegan con seis meses de retraso y que buscan dos objetivos que no tienen nada que ver con recuperar el Estado del bienestar perdido o hacer un gesto con Catalunya. Estos son: apaciguar a pensionistas, funcionarios y familias para enfrentarse a las elecciones del 2019 y meter presión al PSOE para que le apruebe las cuentas. En Moncloa saben que sin presupuestos el Ejecutivo no aguantará la presión y están dispuestos a usar sus armas. Así, las subidas de las pensiones, las bajadas de impuestos y el alza de los sueldos de los funcionarios serán munición con la que el PP disparará contra los que no le quieran aprobar las cuentas.
Para forzar a Pedro Sánchez por la vía de sus propios barones, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro también ha incorporado en los presupuestos la posibilidad de pactar quitas o reestructuraciones de deuda de las autonomías dentro del marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un tema que no requería ser introducido por la vía de la negociación de los presupuestos. En resumen, las cuentas están orientadas, sobre todo, a que se aprueben. Del resto de guiños posibles, como por ejemplo a Catalunya mediante una inversión del Estado en infraestructuras que se correspondiera con el peso de su PIB en la economía, ni rastro. Una oportunidad perdida si en verdad existiera interés en acercar posiciones.
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