El precio del rastro que dejamos en internet
Las legislaciones nacionales europeas sobre los derechos a la privacidad son muy diversas y todas ellas de baja intensidad
Josep-Francesc Valls
Catedrático de la URL
JOSEP-FRANCESC VALLS
Los consumidores disponemos como nunca de información y en eso les llevamos la delantera a la mayoría de las empresas y grupos de poder. Cada búsqueda, cada 'email', cada 'wasap', cada consulta en 'wiki', cada 'me gusta'… nos sirve más o menos, pero sobre todo se convierte en miles de millones de datos. Estos data convenientemente tratados –analíticas, métricas, algoritmos– resultan ser información valiosísima para quien desea conocer nuestro estado de ánimo ante el consumo y la vida, lo que deseamos concretamente y con qué componentes, en qué momento lo vamos a necesitar, cuánto estamos dispuestos a pagar y a través de qué canal recibirlo. Las transacciones marcan su precio en oro. Es la industria del momento: comprar y vender los datos elaborados.
¿Valía 13.800 millones de euros WhatsApp cuando en el 2014 la compró Facebook? ¿O 16.500 millones Skype cuando fue adquirida el mismo año por Facebook? ¿O 7.700 millones PeopleSoft al ser absorbida en el 2004 por Oracle? Se trata de casos distintos de compras tecnológicas millonarias. Pero aparece un denominador común: concentrar la oferta, adquirir más poder en las negociaciones ante el cliente, mejorar los paquetes y disponer de más información para venderle. La sinergia lo facilita. Poseerlo en una misma mano, lo acelera.
SER EL PRIMERO
A Facebook le sale a cuenta pagar los casi 14.000 millones que le costó WhatsApp (y probablemente también abonar los 110 millones de la multa comunitaria) a cambio de adelantarse a ofrecer el primero a sus usuarios la asociación automática de la cuenta con los servicios de mensajería instantánea. De este modo, teléfono e identidad irán unidos para siempre. Agrupadas en una misma mano, ¿Facebook y WhatsApp pueden legalmente unir ambos servicios? Callaron ante las demandas de información de la Unión Europea cuando ese era el motivo fundamental de la fusión, y aunque ahora alegan que fue un error, no se cierran a negociar.
Los derechos a la confidencialidad y a la inviolabilidad de la correspondencia de los usuarios, la propiedad última de los datos, el uso correcto de los mismos resultan muy diversos en las legislaciones nacionales europeas, aunque en general son todos ellos de baja intensidad.
En este contexto de lenta actividad legal en cada país, se le exige a la UE que acelere la que es común y nadie aplica. Bueno es que Bruselas asuma este liderazgo, puesto que internet y digitalización van por delante y están configurando no solo nuevos modelos de negocio, sino de relaciones sociales y estilos de vida.
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Pero faltan dos cosas complementarias. La primera es que aquello en lo que Bruselas va por delante cale de verdad entre los países implantando legislaciones de defensa de los derechos de los usuarios. Y la segunda, que el poder ilimitado de informar, informarse, comparar, opinar, adherirse a golpe de clic, que la nueva era ha colocado en manos de la ciudadanía, no convierta estos rastros que dejamos en datos basura –'fast data'– que menoscaben nuestra intimidad, decoro, tranquilidad y seguridad.
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