Mercados atentos al presupuesto

Hace unos días se repitió el ritual de presentación de los presupuestos del Estado al Congreso de los Diputados. En los últimos años se ha mejorado y, de las antiguas camionetas rebosantes de papel, se ha pasado a la simbólica entrega de un lápiz de memoria. Si bien en lo ecológico hemos avanzado, no es menos cierto que el proyecto de presupuestos presenta el ajuste más severo jamás contemplado en la moderna historia del país. Además, y este otro aspecto no es menor, su presentación a las Cortes ha precisado de la previa aprobación de los ministros de finanzas de la Unión Europea. Esta pérdida de soberanía y la aparente subordinación de la política fiscal a los dictados de los mercados han generado no pocas críticas, que convendría poner en su justo término.

La pretendida cesión de nuestra capacidad de decisión a la Unión Europea y las que vendrán en el paquete de reformas que preparaBarroso hay que contemplarlas en el contexto del proceso de integración de España en Europa y en la economía mundial. En los años 60 y 70, se tradujo en la reducción de la protección arancelaria existente, la obligación de defender un tipo de cambio o la anulación de la prohibición a la entrada de inversión extranjera, por solo citar algunos ejemplos. Después, entre 1986 y 1999, perdimos la protección del mercado interno frente a los productos de la Unión Europea y nos obligaron a adoptar un arancel mucho menos protector con el resto del mundo, al tiempo que aceptamos las limitaciones del Acta Única Europea (movimientos, sin restricciones, de capital, personas o establecimiento y supresión de los monopolios estatales, entre otras) y las derivadas de la incorporación al Sistema Monetario Europeo (pérdida de capacidad de decisión sobre la paridad de la moneda y, parcialmente, sobre la política monetaria y fiscal). Finalmente, entre 1995 y 1998 el país aceptó severos sacrificios para poder integrarse en el euro: se congeló el sueldo de funcionarios un par de años, se redujo drásticamente la inversión pública y los salarios del sector privado presentaron pérdidas de poder adquisitivo. A partir de 1999, y hasta el estallido de la crisis, la libertad para decidir una política económica autónoma estaba más que mermada: el Banco de España se había diluido en el BCE, perdiendo la posibilidad de definir los tipos de interés y defender la moneda, el pacto por la estabilidad nos obligaba a reducir el déficit hasta conseguir superávit, al tiempo que continuaba desplegándose el mercado único europeo, con la irrupción de grandes empresas europeas en sectores que habían sido considerados estratégicos no hace mucho (la energía, por ejemplo).

Teníamos poco margen de maniobra, pero lo teníamos. Y, por cierto, lo utilizamos. Así, en los años 2000, en un contexto de una política monetaria muy acomodaticia y con bajos tipos de interés, diseñada para ayudar a Francia y Alemania, nuestra política fiscal no tuvo el carácter contractivo que la expansión de la demanda hubiera exigido. Además, la pérdida de la peseta generó la ilusión de que la restricción exterior también desaparecía. Y el país se embarcó en fuertes aumentos del consumo privado, del público y de la inversión, para los que no teníamos suficientes recursos internos, pero que no costaba financiar en el exterior. Además, y a caballo de unos aumentos impositivos apoyados en el fuerte crecimiento, asistimos a una continuada reducción de la imposición directa, totalmente inadecuada al excesivo crecimiento de la demanda interna como la crisis puso de relieve. Así, nuestra pertenencia al euro permitió que el aumento de la deuda exterior (en especial, privada) financiara el exceso de gasto interno, acumulándose desequilibrios (entre otros, elboominmobiliario) que pagaríamos caro una vez estalló la crisis.

Nuestra larga marcha hacia la inserción en la economía europea finalizó con la adhesión a la moneda única. Pero, como en todo club, si uno quiere mantenerse en él tiene que atenerse a sus reglas. Nuestro comportamiento, permitiendo un endeudamiento privado excesivo, puso a la divisa común al pie de los caballos. Y aunque hay otros países con problemas más importantes (Irlanda o Grecia, por ejemplo), el tamaño de nuestra economía es lo que más preocupó al resto del área en la crisis de la divisa común del pasado mayo. En este contexto, si el euro pretende sobrevivir, no le queda más remedio que avanzar un paso más hacia la unión económica, reduciendo los escasos márgenes de libertad nacionales existentes, y que tan incorrectamente se usaron en el pasado.

En la actual situación, cuando aún el polvo de la crisis no se ha aposentado y no está claro el paisaje que va a emerger, una Europa más unida económicamente aparece como la única solución viable para nuestro futuro. Y ello, una vez más, implica sacrificios. Cierto que son los mercados los que penalizan nuestra deuda (pública y privada). Pero no hacen más que expresar la inquietud que generamos. Matar al mensajero no ha sido nunca una política sensata.

Catedrático de Economía Aplicada (UAB).