Kosovo, Catalunya y la independencia

Mientras se espera que Mariano Rajoy envíe su respuesta negativa a la misiva de Artur Mas solicitándole una consulta pactada en Catalunya, se repiten las voces que, dada la imposibilidad de realizarla de manera acordada y ante las trabas legales que se pondrán para que se lleve a cabo, proponen la llamada declaración unilateral de independencia. Una declaración que se plantea como paso siguiente a unas elecciones plebiscitarias y que sería aprobada por el Parlament emulando la que realizó el Parlamento de Kosovo en el 2008.

Una declaración, se añade, legitimada desde la legalidad internacional en base a las conclusiones del Tribunal Internacional de Justicia, que no consideró contraria al derecho internacional esa decisión unilateral del territorio balcánico. Así, el tribunal estimó, tras analizar la ruptura de Kosovo con Serbia, que si bien la Carta de las Naciones Unidas reconoce el derecho a la autodeterminación en territorios coloniales, pese a no haberse previsto para territorios no coloniales «no hay norma en el derecho internacional que impida declarar la independencia».

Pero el hecho de que una secesión unilateral pueda ser acorde con el derecho internacional no significa que sea posible si las condiciones y la correlación de fuerzas interna y externa no lo permiten. No se puede entender el aval a la declaración unilateral de Kosovo si no se interpreta en su contexto. Porque el contexto interno y externo y la correlación de fuerzas son más importantes que la envoltura legal.

Hay múltiples resoluciones de la ONU a favor del referendo de autodeterminación del Sáhara o del derecho a un Estado palestino, y pese a su legalidad ni el Estado palestino existe ni el Sáhara ha realizado su consulta. Estuve en los campamentos saharauis poco después de la fecha en que debía realizarse el referendo y recuerdo la frustración que generó en la población ver que la consulta no había tenido lugar.

El caso de Kosovo no es comparable al de  Catalunya, dado que Kosovo era ya un territorio sin ninguna vinculación administrativa con Serbia y estaba gestionado desde 1999 por la ONU, que había construido una Administración propia. Solo el norte de la ciudad de Mitrovica seguía ligado a Serbia. En los primeros años de administración internacional eran la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y ciertos países árabes quienes pagaban las pensiones y la Administración kosovar. Y ante la negativa de Rusia a admitir que la ONU transfiriera la soberanía al Estado kosovar, solo se podía salir del atolladero con una declaración unilateral de independencia.

Rusia se oponía a la independencia de acuerdo con una interpretación de la resolución 1244 de la ONU -que legitimó la entrada de la propia ONU y la OTAN en Kosovo en 1999- y de la Constitución de la República Federal Yugoslava, que establecía el derecho de autodeterminación de las repúblicas de Eslovenia, Croacia, Bosnia, Macedonia, Montenegro y Serbia, todas de lengua eslava, pero no de Kosovo, que jurídicamente solo era una provincia serbia con el 90% de población no eslava. Sería como si la Constitución de una hipotética República Federal Española reconociera el derecho a la secesión de Catalunya, Andalucía y Galicia pero no de Euskadi. Pero esta interpretación de que la resolución 1244 impedía la independencia de Kosovo era equívoca, dado que lo que reconocía era la integridad de la República Federal Yugoslava, un Estado que se disolvió por mutuo acuerdo entre Serbia y Montenegro.

Posiblemente el mito de la vía kosovar para Catalunya lo creó Zapatero al negarse a reconocer a Kosovo con la tesis de que eso iría contra el derecho internacional, lo que luego rebatiría el Tribunal Internacional de Justicia. Pero Catalunya no es un territorio administrado por la ONU. Y si se valora al adversario, tampoco el contexto económico es propicio para una negociación como la del Reino Unido y Canadá con, respectivamente, Escocia y Quebec, a las que se les permite la consulta al mismo tiempo que se les hacen ofertas para que no se vayan.

Ahora es el peor momento, ante la falta de recursos, para que el Gobierno español responda en la campaña del referendo ofreciendo otro trato fiscal y mejoras en infraestructuras, porque otras autonomías dirían que también lo quieren. Y además, no tenemos un adversario fuerte con quien negociar dado que gobierna un PP acorralado por los escándalos y la alternativa inmediata a Rajoy es el ala más dura de la derecha. Y la institución que podría hacer de árbitro, la Casa Real, tampoco está en su mejor momento para arriesgarse a que se le echen encima. Evidentemente que debe celebrarse la consulta, pero si el Gobierno central lo impide debemos ser conscientes de los semáforos en rojo que habrá que saltarse y de sus consecuencias.